De acuerdo con el Consejo de Estado por los errores y mala administración del exgerente Esteban Iriarte, TIGO-UNE tendrá que pagar al Representante Legal de la firma EXICOM, Mauricio Valencia Castañeda la no despreciable suma de $10.400’000.000 (diez mil cuatrocientos millones de pesos) incluidas las costas, es decir el pago de los abogados, por haber cancelado de manera irregular el contrato de comercialización de productos y servicios para el occidente de país.
COLOMBIA MÓVIL comercialmente conocida en el público como TIGO-UNE, interpuso un recurso de anulación contra el laudo arbitral que la condenó a pagar a EXICOM los daños y perjuicios causados por la terminación ilegal del contrato que habían suscrito.
El jueves 7 de julio de 2016 la Sección Tercera el Consejo de Estado dictó providencia mediante la cual resolvió la impugnación de TIGO-UNE, declarando injustificado el recurso y condenando a dicha empresa a pagar las costas de dicho trámite a favor de EXICOM.
El oportunismo de Esteban Iriarte se evidencia en que antes de conocerse la decisión del Consejo de Estado, en compañía del nuevo gerente de TIGO-UNE adelantó un desayuno con doce concejales de Medellín con el propósito de presentar los resultados financieros del 2015.
En el encuentro que se realizó en el Salón Bolívar del Hotel Intercontinental desde las 7:00 de la mañana hubo de todo, melón, papaya, piña, kiwi, canasta de panes y huevos en omelett con cebolla y tomate, además jugo de naranja, café o chocolate. Durante la reunión entregaron como obsequio un lindo maletín con la marca UNE con el objeto de que los asistentes se convirtieran por un par de minutos en vallas ambulantes.
Al final de la ponencia que hizo el nuevo gerente de TIGO-UNE, Iriarte habló. Manifestó a grito herido que se demandarían a los presuntos injuriadores y calumniadores del caso EXICOM puesto que habían atentado contra la reputación de la empresa.
Con respecto al primer reproche de TIGO-UNE contra el laudo que consistía en que los árbitros se habían apartado de la Ley para fallar según su propia conciencia, el Consejo de Estado concluyó que la petición de TIGO-UNE era “exótica” pues pretendía reabrir todo el debate probatorio y de fondo del litigio, asunto que está prohibido en el recurso de anulación.
Además, los argumentos expuestos por TIGO-UNE no tenían relación alguna con la causal invocada “fallo en conciencia”, sino que se trató de una simple inconformidad con el fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá que realizó un juicioso análisis de los hechos y las pruebas, y por lo que el laudo fue la verdadera decisión en derecho, aspecto por lo que no puede ser anulado.
En la misma providencia el Consejo de Estado termina afirmando que: “En conclusión, ninguno de los cargos está llamado a prosperar y en consecuencia se declarará infundado el recurso de anulación y se condenará en costas a la recurrente”.
En palabras de cristiano y musulmán, nunca se suspendió el laudo arbitral y no es cierto que “sea procedente la solicitud de suspensión del fallo” como lo expresó Iriarte en el desayuno con los concejales de la ciudad, pues es evidente que nunca existió dicha suspensión, además que el Consejo de Estado procedió a decidir el recurso directamente, declarando la improcedencia del mismo.
Finalmente el fallo del Consejo de Estado ratifica que existen méritos suficientes para iniciar los procesos de responsabilidad fiscal y las respectivas acciones de repetición contra los funcionarios de TIGO-UNE involucrados en el caso como Esteban Iriarte, Ana Marina Jiménez, Marcelo Cataldo, Leopoldo Gutiérrez, Felipe Puerta y Carlos Severiche. Ver fallo del Consejo de Estado
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