De acuerdo con la información suministrada por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, Pulgarín, era testigo clave en el proceso que se le adelanta al paramilitar John William López Echavarría, alias «Memín», quien salió fotografiado en compañía del alcalde de Medellín, “Lonso” Salazar.
En este caso otros cuatro testigos ya han sido asesinados, razón por la cual, Pulgarín pertenecía al programa de protección a testigos del Ministerio del Interior y había solicitado medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Jhon Alexander Pulgarín, quien fue además, candidato al Concejo de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, solicitó desde hace más de un año al Gobierno Nacional a través de Corpades, la implementación de medidas de protección, debido a que sólo contaba con un escolta debido a las amenazas contra su vida.
Para hacer memoria Alexander Pulgarín, conocido con el remoquete de “Pipa” fue quien denunció las actividades ilegales que presuntamente cometía Antonio López alias ‘Job’, amigo del alcalde. Pulgarín, de 32 años, era líder del sector “La Sierra” en el centroriente de la ciudad.
Por su parte, “(…) La Alcaldía de Medellín rechaza una vez más las acciones de los grupos armados ilegales contra dirigentes sociales, comunitarios, defensores de derechos humanos y contra sus organizaciones, además enfatiza su compromiso de combatir las estructuras armadas ilegales cualquiera sea su caracterización (…)”.
Los concejales de Medellín Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y Carlos Alberto Ballesteros Barón, manifestaron su preocupación por la forma como la Administración Municipal, a través de la EDU, adelanta los procesos de negociación de predios en los proyectos del Parque Bicentenario, La Aurora, La Manzana del Emprendimiento y La Iguana, entre otras obras.
Argumentaron que el desarrollo de dichos proyectos afecta de manera directa a las familias que se encuentran asentadas en inmediaciones de dichos proyectos.
En un comunicado los cabildantes integrantes del Partido de la U y el Polo, manifestaron que les parece lamentable que la administración haya desconocido la decisión adoptada por la comisión del Concejo de Medellín en el sentido de conformar una Mesa Técnico Jurídica, que tendría como finalidad analizar la manera como el gobierno aplica diferentes sentencias de la Corte Constitucional en referencia al justo precio que en procesos como este se debe reconocer a los ciudadanos afectados por obras que se supone, se realizan en beneficio de la comunidad en general.
Dicen que esta determinación es mucho más grave si se tiene en cuenta que la misma surgió previa iniciativa del gerente de la EDU, John Maya, quien en un principio sugirió que se solicitara un concepto a la Secretaría General de Medellín.
Echeverri y Ballesteros consideran irrespetuoso el manejo que se le dio al tema por parte de la EDU, quienes además de modificar el horario programado en forma unilateral e inconsulta, manifestaron en un principio que la mesa no había sido acordada y posteriormente ante la evidencia de su desacierto, que no le encontraban sentido a su conformación.
Los restantes puntos del comunicado advierten que: “Es evidente el temor que tiene la administración municipal de abordar el tema del “justo precio” lo que genera múltiples interrogantes, pues no pareciera que se trata del gobierno que presenta a Medellín como una ciudad solidaria y respetuosa del Estado Social de Derecho.
· Si bien es cierto que las autoridades municipales son autónomas para gobernar, también lo es que parte de nuestra función como concejales es intentar mediar para la solución pacífica de los conflictos y muy especialmente en casos como este, en el que el número de personas afectadas por la decisión de la administración es tan amplio. Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de control político que nos obliga analizar la manera como la administración aplica la Constitución a casos concretos, donde están en juego múltiples derechos constitucionales.
· Adicionalmente, en este caso no se ha seguido el procedimiento establecido mediante decreto municipal número 673 de 2006 aprobado en el gobierno de Sergio Fajardo, que consagró la guía de manejo socio ambiental para la construcción de infraestructura de obra pública.
· Por todo esto hemos considerado importante coadyuvar la Acción Popular que actualmente cursa en la justicia administrativa, y programar un debate para que en la plenaria del Concejo se analice con detenimiento toda esta temática.
· Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que no es procedente que se continúen las demoliciones mientras no se adelante un verdadero proceso de concertación con la comunidad en desarrollo del derecho fundamental de participación, tal como lo ordena la citada guía”.