En una hamaca recibiendo la fresca brisa samaria atendí una llamada telefónica del candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, Cesar Eugenio Martínez. Entre la amena conversación que sirvió para desearnos un próspero año nuevo, Cesar Eugenio aprovechó la ocasión para hacer claridad sobre las acusaciones que la arquitecta Margarita Sosa Parra hizo en contra de su fórmula al Senado de la República, Juan Diego Gómez Jiménez.
Sosa Parra, denunció a Juan Diego por estafa y fraude procesal presuntamente por robarse un par de lotes de tierra, como lo acostumbraba su difunto padre condenado por la Corte Suprema de Justicia a ocho años de cárcel.
El buen candidato y mal acompañado Cesar “Ingenuo” Martínez me hizo una llamada para ratificar que tanto su mercé como el octogenario gerente de Colanta Jenaro Pérez Gutiérrez no están para nada arrepentidos de apoyar la candidatura de Juan Diego Gómez Jiménez, y que por el contrario, andan felices de la moña con ese muchacho.
En un país tan sui generis como Colombia cualquiera puede denunciar a cualquiera por cualquier cosa, pero que prospere en los estrados judiciales es otro asunto. Con todo el derecho que tiene cualquier ciudadano, el Representante a la Cámara y actual candidato al Senado Juan Diego Gómez Jiménez, denunció por injuria y calumnia a la arquitecta Margarita Sosa Parra por mentirosa y pretender empañar su buen nombre.
El mismo candidato Cesar Eugenio Martínez sostuvo que su equipo político sabe por que cañada de Fajardo vienen las acusaciones, y además, dio a entender que la campaña de desprestigio en contra de ese hombrononón de Juan Diego tiene que ver con un asunto meramente politiquero.
El rifi rafe es más que interesante. En el grupo político que apoya esta fórmula conservadora al Congreso de la República quieren desviar la atención de varias peligrosas demandas hacia las lágrimas negras que ha derramado la también Representante a la Cámara y actual candidata al Senado Marta Cecilia Ramírez, quien perdió el apoyo del cooperativista Jenaro Pérez.
Con razón o no, lo cierto es que los enredos empresariales en los que anda comprometido Juan Diego Gómez, algunos de ellos heredados de su difundo señor padre Orlando Gómez alias “La Ballena”, sobrepasan el escenario político para llegar a lo penal y a estas alturas del partido le tocará repartir mucha mermelada para intentar taparlos.
El tira y afloje entre Margarita Sosa Parra y la Familia Gómez Jiménez no empezó en esta campaña electoral, eso está claro. Hay que advertir que la arquitecta se encuentra denunciada por algunos de sus clientes debido a los incumplimientos en la entrega de varios proyectos habitacionales. Lo que no se sabe, y al parecer Cesar Eugenio Martínez o no está enterado o se hace el pendejo, es desde cuándo y por qué se presentaron esas denuncias…
Con la muerte en la cárcel del señor Orlando Gómez el año anterior, sus hijos, entre ellos, el candidato al Senado Juan Diego Gómez heredó sus negocios incluidos los enredos como el de la arquitecta Margarita Sosa Parra.
El ingenuo candidato a la Cámara Cesar Eugenio Martínez deberá saber que la señora Sosa Parra fue demandada pero posterior a la estafa cometida por Orlando Gómez, su señora esposa María Mercedes Jiménez Salazar y su hijo Juan Diego Gómez Jiménez a través de la venta de dos lotes de terreno en donde se adelantaron varios proyectos habitacionales.
En el 2006 siendo Diputado el conservador Juan Diego Gómez le ofreció a la arquitecta Margarita Sosa Parra los inmuebles ubicados en la Calle 34 Nº78ª-81 y Nº78ª-73 para que desarrollara un proyecto inmobiliario. La oferta la realizó utilizando como intermediario al Capitán Fabio Santos quien hace parte de la Cooperativa de Pilotos Civiles, COOPICOL.
Posterior al ofrecimiento se formalizó el negocio mediante promesa de compraventa firmada en el mes de noviembre de ese mismo año entre Orlando Gómez y Margarita Sosa, elaborada y presentada por el entonces diputado Juan Diego Gómez para la respectiva aprobación por parte de la compradora. Ver documentos
La primera irregularidad se presentó en la promesa de compraventa durante su revisión. La asesora de Sosa Parra, la abogada Gloria Acosta Medina, encontró que las matriculas escritas en la promesa de compraventa sólo corresponden a una de las dos casas comprometidas en el negocio.
Por esa razón se requirió a Orlando Gómez para aclarar la situación, pero el difunto delegó dicha negociación en su hijo Juan Diego Gómez, quien conjuntamente con Gloria Acosta elaboraron un “otrosí” correctamente redactado. Juan Diego para ese nuevo documento incluyó más información entre la que se encuentra que la “CASA UNO: número de matrícula y propietario José Reinaldo Jaramillo”. “CASA DOS: número de matrícula y propietarias Doralba Zapata y Marleny Guzmán”.
Debido a esa primera irregularidad y a información obtenida sobre el comportamiento delincuencial de Orlando Gómez alias “La Ballena”, padre de Juan Diego, la abogada Gloria Acosta sugiere adelantar un estudio minucioso de esos títulos.
Pese a las dudas se iniciaron los pagos respectivos a la “La Ballena” por $320.000.000 (trescientos veinte millones de pesos) en cumplimiento de las cuotas acordadas en la promesa de compraventa firmada. Sin embargo, después de un tiempo los pagos se suspendieron debido a que al propietario de la -CASA UNO- José Reinaldo Jaramillo nunca se le vio la cara. Lo particular del negocio es que el mismo Juan Diego apareció con un poder con el que pretendía hacer las escrituras, documento en el que el titular del inmueble, quien nunca apareció, autorizaba a un tal señor Gilberto implicado en una estafa de un lote en el municipio de Bello para hacer el negocio.
Compradora Margarita Sosa y abogada asesora Gloria Acosta, ambas en pánico y con el pelo parado se fueron a hablar con Juan Diego, con el fin de hacer claridad sobre el dichoso poder debido a que además de estar hecho a nombre del tal señor Gilberto no cumplía los requisitos de ley y se comentaba también que José Reinaldo Jaramillo el propietario de la –CASA UNO- estaba bien, pero bien muerto.
Para aclarar esa situación se adelantó una reunión en la que participaron el Diputado Juan Diego Gómez, el Capitán Santos quien se comió la comisioncita por la venta con el diputado, la compradora Sosa y la abogada Acosta. Juan Diego se comprometió a aclarar la situación del papelito, es decir el poder, o en su defecto a sentar en la mesa al mismo José Reinaldo Jaramillo, compromiso que nunca cumplió.
Como se habían suspendido los pagos de las cuotas acordadas en la promesa de compraventa, el fallecido Orlando Gómez entró en cólera y determinó tomase por la fuerza los lotes en donde se había iniciado la construcción del -EDIFICIO SAN ÁNGEL-,proyecto en el que se había invertido más de $360’000.000 (trescientos sesenta millones de pesos), se había tramitado la licencia de construcción con normatividad anterior al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y se habían pagado todos los estudios técnicos.
Como si fuera poco, desalojó a la Sosa Parra, compradora y dueña del proyecto que el mismo Orlando Gómez Botero le había entregado en diciembre de 2006, nunca dio alguna clase de explicación, y por el contrario, apoltronó varios hombres armados en la obra para evitar el ingreso de trabajadores y personal del proyecto.
Esos hechos fueron denunciados y continúan el respectivo trámite en la Fiscalía Seccional 82 sin ninguna clase de avance, lo único fue una audiencia de preclusión que solicitó el fiscal de la época rechazada contundentemente por el juez, quien interpeló al fiscal diciéndole que esos hechos no habían sido investigados como era necesario.
Pero hay más. Después de que sacaran casi a bala a Margarita Sosa del proyecto inmobiliario que había negociado con alias “La Ballena” se obtuvo la información que Orlando Gómez había vendido el proyecto a la -CONSTRUCTORA GUIGO-, a donde se desplazaron la compradora Sosa y sus asesores jurídicos Gloria Acosta y Germán Restrepo.
¡Vaya sorpresa! El señor Guillermo González de la mencionada constructora expresó que había comprado el proyecto a Orlando Gómez, que habían firmado promesa de compraventa, y que además, le había entregado $400’000.000 (cuatrocientos millones de pesos).
Debido a la presión que se ejercía para que se entendiera dicha venta a la -CONSTRUCTORA GUIGO- como una estafa, el clan Gómez Jiménez integrado en ese momento por el padre Orlando Gómez, la madre María Mercedes Jiménez, el hijo Juan Diego Gómez y la misma -CONSTRUCTORA GUIGO- tomaron la decisión de darle un giro a la escrituración del proyecto.
Modificaron la escritura para hacer parecer ese negocio como una dación en pago de la madre de Juan Diego, María Mercedes Jiménez a los acreedores hipotecarios los señores Mejía de un proyecto cuyo valor superaba los $1.500’000.000 (mil quinientos millones de pesos) por una deuda de $100’000.000 (cien millones de pesos), titularidad que está siendo desvirtuada en un proceso civil que cursa en el Juzgado Noveno del Circuito.
Deja mucho que pensar que después de todo este bollo ilegal continúe el candidato al Senado Juan Diego Gómez manifestando con la complicidad de algunos periodistas locales que no conoce a la arquitecta Margarita Sosa Parra si se tiene en cuenta que fue él quien le envió por escrito una propuesta que no fue aceptada para intentar solucionar dicho problema. Ver documento
Finalmente deberán ser las autoridades competentes, si es que funcionan, las que desenreden este tremendo negocio que compromete a políticos del Partido Conservador con lo más bajo de los negocios inmobiliarios, que por esta época son un total común denominador…
Señor debate generó el concejal de la ciudad de Medellín por el partido de la U, Juan Felipe Campuzano, al trinar entre otros: “si al sicario le gusta la sangre, hay que ponerlo a sangrar; si le gusta el dolor hay que infringírselo, y si le gusta la muerte… sencillo”. El concejal coherente con su pensamiento expuesto en los diferentes debates del colegiado, escribió esto en su twitter a raíz del asesinato del médico Daniel Areiza, quien fue ultimado para robarle su moto.
Y es que la pena de muerte está casi que aprobada en el país. Si a usted, ciudadano de bien, lo intentan robar o sobornar pareciera que no tiene otra cosa que entregarse por las buenas, porque de oponer alguna resistencia, bien conscientemente bien por reacción natural, la muerte será la respuesta inmediata, en otras palabras, frente al delincuente sus víctimas no tenemos ningún derecho, ni el derecho fundamental al pataleo, y la justicia no hace más que mostrar su incapacidad y benevolencia con el delincuente, sino pensar en las decisiones que llevan a condenados del tamaño de la “gata” o Greilyn Fernando Varón, conocido como “Martín Bala”, a casa por cárcel.
El debate planteado por el concejal Campuzano trasciende de un estado de indignación. La sociedad colombiana está gravemente enferma y no de ahora. En los medios de comunicación y conversaciones coloquiales se escuchan expresiones como “al que roba una gallina le aplican todo el rigor de la norma, al que asesina a otro le dan la casa por cárcel”, o “el que peca y reza empata” o ésta peor, “en Medellín se roban la plata pero algo invierten”.
Nos hemos acostumbrado a vivir con el delito, incluso parte de la sociedad ve como una posibilidad laboral el delinquir. Las voces oficiales no son más esperanzadoras: en tiempo de fin y principio de año, cuando la gente sale de vacaciones los robos a viviendas pululan, y los altos mandos de la policía recomiendan que se le informe a los vecinos, al portero de la unidad, que ponga sistemas de alarma efectivos comunicados con la autoridad, que compre un perro de alguna raza brava (para después sacrificarlo)… en fin que mejor no se vayan todos de la casa para que no la dejemos sola. Las administraciones tanto nacional como local nos han mostrado que el estado colombiano es eficiente en la recaudación de impuestos, pero no en la generación de bienestar para el ciudadano. Millonarias cifras ha invertido la ciudad en seguridad, patrullas de última tecnología, cámaras de seguridad, pero el delito sigue en cada calle, en cada casa, en el poblado, en el centro o en Manrique ningún rincón sale ileso de este fenómeno.
Una reflexión final concejal, ¿estará esta sociedad enferma de corrupción, de robos, homicidios y extorsiones preparada para la pena de muerte legal? ¿Estaremos los ciudadanos de bien preparados para portar un arma, para auto protegernos y no nos iremos al extremo de matar a alguien por sospecha? ¿O será que el problema radica en una sociedad excluyente en la que sus gobernantes administran para el beneficio de una clase en particular (piénsese solamente en lo que pasa con el barrio Naranjal); una sociedad que ha amparado la defensa de los derechos humanos para el delincuente y no para el padre de familia responsable y trabajador que paga el iva en cada compra; una sociedad que ha malentendido la protección del menor creando una nueva generación de derecho, pero sin el cumplimiento de deber alguno; una sociedad que con un ánimo politiquero y cristiano ha convertido la solidaridad en alcahuetería; una sociedad maniquea en la que los medios de comunicación son los impositores de la agenda pública incluso de la del congreso?
El debate queda abierto y ojalá fuera tomado en serio no sólo por Caracol y RCN, sino por todos los estamentos civiles, militares, policiales y políticos del país.