Por: @adolfospina
Las denuncias que viene haciendo el gobierno a través de los medios de comunicación, en que condena los ataques de las FARC contra la infraestructura petrolera y el transporte de hidrocarburos, declarándolos como delito de lesa humanidad contra el patrimonio ambiental de la nación no hace más que producir hilaridad y un asomo de indignación y asombro por el cinismo de los dirigentes.
No debe existir colombiano que de alguna manera valide los atentados hechos a los camiones cisterna que transportan petróleo en el sur del país, pero tampoco un connacional que ignore la directa responsabilidad del gobierno en los problemas ambientales que sufrimos, materializados en la actual sequía y también en el anterior fenómeno de la niña y también en el desabastecimiento alimenticio y también en la deforestación constante y paulatina de las selvas que generan equilibrio ambiental y también en…
Si los atentados de la semana anterior son calificados como delitos de lesa humanidad, cómo entonces calificar la ineficacia de las Corporaciones Ambientales de todo el país, que conociendo de antemano la vulnerabilidad de nuestro territorio no prevén las repercusiones de un fenómeno anunciado con meses de anticipación. Y cómo llamaremos el accionar de los gobernantes locales que se han encargado de engrosar sus arcas con los dineros destinados a los acueductos, a los sistemas de riego bien concebidos, o al mantenimiento de las cuencas hidrográficas.
Qué diremos de las desafortunadas intervenciones que ganaderos y agricultores hacen de sus territorios con el fin de optimizar su producción en detrimento del ambiente; cómo catalogar la ¿gestión? de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), del Misterio de Ambiente.
Y lo peor, cómo se puede llamar a la negligencia y desfachatez del gobierno central en cabeza del propio presidente Santos y de su burócrata ejército de ministros a los que indiscutiblemente las diferentes crisis que va sufriendo el país les quedan grandes. Sólo como remembranza, en 2012 después de las duras inundaciones que sufrió gran parte de Colombia, el propio Presidente, vociferó a los cuatro vientos una “reforma estructural a las CAR”, hoy dos años después estas “cuevas de rolando” siguen siendo fortines de pago politiquero y mostrando inoperancia en un asunto tan delicado y sensible como es el cuidado y la regulación del medio ambiente.
Sí, condenables los atentados de las FARC, pero que no se escuden en ellos nuestra clase dirigente, para justificar y explicar su inoperancia, ineficacia y corrupción. Y una pregunta adicional ¿en qué momento se nos ocurrió a los colombianos reelegir a este presidente?
