Fredy Gallego es uno de esos típicos paisas, soñadores y emprendedores, que han hecho de sus ilusiones su forma de vida. Después de experimentar por más de 18 años y luchar contra cantidad de adversidades, Fredy logró consolidar su fábrica de vino de café al que llamó Endraba.
Con todos los requisitos de ley exigidos, decidió comenzar el proceso de registro Invima… nada más difícil que eso ha sorteado el proyecto vínico: que la estampilla es muy brillante, que es muy opaca; que la letra es muy grande, que es muy pequeña, que puede ser, que no puede ser… que falta el lote. Más de dos años lleva el señor Gallego buscando el registro para comenzar la comercialización del producto. Imposible.
El Invima es una de esas entidades que le recuerdan a uno a Josef K, el protagonista de “El Proceso” de Franz Kafka, quien busca por todos los medios se le aplique de manera correcta la ley sin más resultados que el paso por la eterna burocracia. Esta entidad gubernamental ha estado en tela de juicio por muchas medidas, entre ellas y quizás la más preocupante, es haber concedido el registro a algunos implantes mamarios que, comprobado, han producido cáncer de seno a sus portadoras.
Pero no sólo el fracaso en su misión es una de las características del Instituto, quizás lo peor tenga que ver con que la entidad es un fortín burocrático con el que se pagan favores electorales y en el que se hacen negocios bastante lucrativos. Es un organismo completamente anquilosado, paquidérmico y cuestionado. La existencia de este departamento es una de las principales dificultades que tendrá que sortear la posible aprobación de la legalización del uso de la marihuana con fines terapéuticos.
El proyecto presentado por el Senador Galán, y apoyado casi que sin cuestionamientos por el gobierno del Presidente Santos, tiene el camino expedito para su aprobación. Con algunas excepciones, la mayoría de bancadas del legislativo coinciden en lo provechoso de aprobar una iniciativa de este tipo en un país como Colombia.
El proyecto, que en su parte sustantiva es muy reducido, deja su ejecución al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), con las dificultades que una entidad con las características mencionadas anteriormente puede interponer al desarrollo de una ley que polariza posiciones morales, civiles, políticas y médicas; que tiene tantos contradictores como voces a favor.
Es importante que el Congreso de Colombia, analice con juicio la experiencia de la hermana República del Uruguay, Estado que ha escandalizado a gran parte de la comunidad internacional con la legalización de la producción, comercialización y consumo de la marihuana.
Los uruguayos, pioneros en el “experimento”, han generado de manera relativamente fácil procesos para reglamentar la aplicación de la nueva norma: todo el proceso, la producción, comercialización y consumo de la marihuana serán controlados por el estado, de hecho se creó una entidad exclusiva para ello, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).
La producción se hará a gran escala en lotes provistos por la nación y será cultivada por entidades que previamente licitaron o por cooperativas de agricultores nacionales previamente inscritos; la comercialización, se hará en farmacias legalmente constituidas, y los consumidores todos deberán estar inscritos e identificados por medio de su huella dactilar. Así mismo permite el Estado uruguayo, que haya una producción doméstica reducida a 6 plantas por hogar. Todo esto tiene un punto álgido: existirá una variedad casi que exclusiva con lo que se facilitará su seguimiento.
Con respecto al asunto, el Presidente “Pepe” Mujica ha resumido su justificación al decir “es un experimento” cuando los cuestionamientos aparecen “la guerra contra el tráfico de drogas se está perdiendo, no tenemos por qué temer a los experimentos”.
Una experiencia totalmente innovadora en un país de 3’300.000 habitantes es digna de ser tenida en cuenta, así en el proyecto colombiano la legalización esté reducida a los tratamientos médicos. El asunto aquí es cómo lograr que el mismo Estado no se convierta al tiempo en el mayor obstáculo para la aplicación de la naciente ley, sobretodo en el entendido que la entidad reguladora está completamente contaminada de burocracia e intereses personales con ánimo de lucro.
