En anteriores líneas de esta columna se ha hablado recurrentemente del alto riesgo que significa para la ciudad de Medellín el arbitrario cambio de vocación económica al que los últimos gobiernos nos han conducido: empleos de mala calidad, aumento de la trata de personas y de la delincuencia ligada al tráfico de drogas entre otros muchos males.
La necesidad de crear una ciudad atractiva para los visitantes en la que los llegantes encuentren lo que necesiten sin escatimar en reparo alguno, va ligado a la salvaje exclusión de los habitantes naturales de la ciudad a cualquier costo y esto es lo que se está viendo venir en la ciudad de Medellín.
Desde el gobierno de Sergio Fajardo empezaron a impulsarse proyectos bajo el sofisma de la calidad de vida de los residentes de algunos sectores, fue el caso de Moravia, con una ubicación completamente estratégica en la ciudad, era el “lunar” de lo que hoy es conocido como Carabobo norte proyecto bandera de Fajardo. Los habitantes de ese conflictivo barrio empezaron a ser desplazados a sectores más alejados, cambiándoles cercanía al centro, la comodidad de transporte por estar en la zona de influencia de metro, sus costumbres y su historia por apartamentos pequeños ubicados en las goteras de Medellín algunos sin la prestación plena de servicios públicos.
Luego Alonso Salazar, hace lo propio con los habitantes del sector conocido como la entrada al barrio “la toma”, con la excusa de crear allí el parque bicentenario, con una pantalla de agua costosísima que ajusta dos años sin servir. El ejemplo de la lucha de los habitantes del sector es la señora Ana Beiba Torres, una octogenaria mujer que caminando podía ir a su IPS o a la placita de flores a hacer mercado, esto no importó para que Igual fuera relegada a una de las goteras de la ciudad.
En el mismo gobierno se dejó planteado y es el alcalde Aníbal Gaviria, quien vendió a UNE, el que empezó la implementación del proyecto “Nuevo Naranjal” otro de esos sectores de la ciudad beneficiados por su ubicación estratégica (maldición para sus habitantes), cerca de todo y en la línea de influencia del metro. Este proyecto es mucho más cruel que los otros, porque fue simplemente el desalojo de sus habitantes históricos para que los constructores hicieran allá proyectos comerciales y de vivienda, en otras palabras expropiaron propiedades a familias humildes para dárselas a constructores privados que buscan un lucro completamente particular.
Es en este mismo gobierno de Gaviria en que merced a la infame actualización catastral la propiedad empieza a tomar costos impensables para la ciudad así mismo y sin ningún asomo de vergüenza, parece ser que esa familia carece de esa característica, empieza el derrame de valorización sobre el sector del Poblado.
Por lo expuesto por los habitantes que se verán perjudicados con los costos de valorización y los estudios hechos por entidades de mucho prestigio diferentes a la Lonja de propiedad raíz, el derrame de valorización del Poblado es una forma menos cruel, un poco más elegante, de expropiación urbana.
El fin es claro: hacer de Medellín una ciudad para los turistas y si para ello los habitantes naturales de la ciudad tenemos que ser relegados, lo seremos. Tal parece que la nueva vocación económica condena la presencia de asentamientos barriales populares en los sectores planos y estables del Valle de Aburrá y busca que todas las personas humildes habiten en los extramuros a los que ya están condenadas las clases menos favorecidas.
