Está claro que un objeto, cosa, situación o persona pueden verse diferentes de acuerdo al punto de donde se observen. Esa relatividad se le convirtió al Director de Antioquia Legal, Rubén Hernando Fernández Andrade en un defecto daltónico que le impide distinguir entre quienes son los que verdaderamente cruzan esa línea delgada hacia la ilegalidad y la falta de ética que tanto supervisa.
Con su permanente apostolado, Rubén Fernández predica al pie de la letra la doctrina que le enseñó su maestro en cada evento público al que es invitado. En alguna ocasión ante 200 personas entre las que se encontraban los integrantes del grupo de inclusión social, Fernández Andrade ofreció una charla sobre lo que para él es la ética en la función pública.
La introducción de su ponencia empezó advirtiendo que a la Gerente del Programa Maná, Ángela Lucia Molina Chica, se le había solicitado la renuncia por haber contratado un hermano para el Convenio «Plan de Abastecimiento y Huertas» suscrito entre la Gobernación de Antioquia y la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Comprobada fue la contratación de Alejandro Molina Chica, pero Rubén Fernández olvidó mencionar que al hermano de la Gerente de Maná lo contrató de manera directa la FAO, y además, ni era ordenador del gasto, ni líder de procesos, ni cacique, ni jaibaná que le posibilitara manipular o beneficiarse con alguna suspicacia contractual.
Alejandro con un contratico marginal de prestación de servicios tenía como objeto realizar el diseño de varias cartillas del programa de asistencia alimentaria con un lenguaje básico y coloquial para que los campesinos del Departamento las pudieran entender fácilmente.
La Gerente de Maná, presintiendo la doble moral de sus jefes, preguntó si había alguna dificultad frente a ese contrato. Ninguno, dijeron, puesto que la contratación no era resorte del Departamento.
Como en un tribunal de la Santa Inquisición, el espíritu del Inquisidor General, el fraile Tomás de Torquemada, poseyó a Rubén Fernández, quien con el apoyo de la Secretaria General Clara Luz Mejía; de Participación, Adriana Sampedro y el Privado Carlos Andrés Pérez solicitaron a la Gerente del Programa Maná, Ángela Lucia Molina Chica renunciar al cargo, después de haberla mandado a descansar en periodo vacaciones.
La omisión del Director de Antioquia Legal Rubén Fernández en su “intachable pontificado” de exigir el manejo transparente de la cosa pública, es que se le olvidó exigir el mismo comportamiento en la distribución de los productos de la Fábrica de Licores de Antioquia que tiene peleando al Gobernador y al Gerente de la FLA.
La Fábrica de Licores de Antioquia le adjudicó a EMPRESAR S.A la distribución de licores en el Departamento del Cesar, cuyo representante de dicha empresa ante la FLA es Santiago Escobar Arango, hermano de David Escobar Arango, quien se desempeñó hasta hace poco como Gerente de los ochenta Parques Educativos que se vienen construyendo en diferentes municipios del Departamento.
El Papa Inocencio III, quien tenía una llaga en el orto que lo hacía cabalgar de lado arrasó con los albigenses, como Fernández, arrasa con todo aquel, que se cuestiona en el interior del gobierno seccional que no hace parte del sanedrín de “Dios”.
Al Director de Antioquia Legal no se le conoce una posición seria y clara frente a las presuntas irregularidades del Gobierno Departamental. Sobre la licencia minera que Fajardo le otorgó al esposo de la entonces Secretaria de Despacho Beatriz White, nunca se refirió. Con respecto a la sanción por parte de Procuraduría General de la Nación contra el exsecretario de Infraestructura Física, Mauricio Valencia y dos de sus subalternos, tampoco dijo nada.
Rubén Fernández, quien predica pero no aplica, la hipermetropía y el astigmatismo lo tiene viendo bultos y sobras, pero en el fondo está convencido que si deja de aplicar el método que le impone su gobierno se queda sin “chamba” y un oenegero en vía de extinción, por un pedazo de torta se hace reventar…
