Lo sucedido con respecto al caso del médico Carlos Ramos Corena es la demostración que la justicia colombiana se encuentra enferma y que los ciudadanos de este país, somos de quinta.
Mientras el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos viene denunciando desde hace 10 años al galeno por presuntas irregularidades en la manera en que interviene quirúrgicamente a sus pacientes, la Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín, se hacen las de la oreja mocha con respecto a este caso que, en la ciudad, se está convirtiendo en un problema de salud pública.
En Medellín pululan las clínicas de garaje, supuestamente especializadas en cirugías estéticas en las que suben la teta, suben el culo, aplican colágeno, botox, ácido hialurónico y sacan grasa y tejido adiposo como chuzando un marrano, en la ciudad no se exigen las especificaciones técnicas establecidas y asepsia necesaria para evitar al máximo las complicaciones de los clientes, que como a Ramos Corena, se le han muerto en los postoperatorios.
Pero somos ciudadanos de quinta, mientras en Medellín Guerra lleva denunciando más de 10 años sin pasar nada, en Puerto rico sólo tardaron 8 meses para hacer valer la justicia.
Después de las denuncia y de comprobar que los organismos de control de Estado en Colombia duermen el sueño de los justos para algunos casos, Guerra Hoyos manifestó su complacencia por el anuncio de las autoridades de Puerto Rico de enjuiciar al falso cirujano plástico Carlos Ramos Corena por ejercer ilegalmente la medicina en ese país.
El Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, presentó cargos contra Carlos Ramos Corena, que ejerció ilegalmente la medicina en la Isla al contactar a mujeres que luego intervino en Medellín, en donde falleció Nancy Santana García.
Ramos Corena está acusado de violar la Ley 139 de 2008 de Puerto Rico por ejercer ilegalmente la medicina en dicho país, práctica regulada por el Departamento de Salud a través de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.
Ramos Corena se expone a ser extraditado a Puerto Rico y a cargos que podrían conllevar una pena de entre dos y cinco años de cárcel, o una pena fija de tres años de reclusión y el pago de una fianza de 500.000 dólares por los cinco cargos por los que se le acusa.
