El 10 de febrero de 2005 en el desarrollo de una protesta estudiantil en la Universidad de Antioquia, un accidente poco común (la explosión de un laboratorio de química), por las consecuencias que trajo, desató una cacería de brujas enmarcada en la política de la seguridad democrática del Presidente Álvaro Uribe. La cacería arrojó sus frutos sospechosamente rápido, el 5 de mayo del mismo año, en un operativo descomunal fueron detenidos en igual número de allanamientos 14 estudiante de esa Institución.
El delito de los estudiantes fue precisamente ese: ser estudiantes de la U de A. una universidad pública. Según el General Rubén Carrillo, Comandante de la Policía Metropolitana en ese entonces, para la protesta del 10 de febrero se unieron miembros de las FARC y del ELN. “Tenemos plenas pruebas de que son integrantes de estas organizaciones. Son estudiantes, pero algunos llevan más de 14 años ahí, terminan una carrera y siguen con la otra y no se mueven de la universidad”.
Las órdenes de captura fueron libradas por la Fiscal 51 especializada ante el CEAT (Cuerpo Especial AntiTerrorista), una fiscal cuya trayectoria estuvo marcada por la persecución a líderes sociales y estudiantiles en el gobierno de la Seguridad Democrática, pero con un agravante harto delicado, pocas de sus investigaciones arrojaron resultados reales a la hora de ser llevados a los Jueces.
La anterior historia parece repetirse hoy. Un par de semanas después de los atentados en Santa Fe de Bogotá, fueron capturados como presuntos responsables 14 estudiantes (igual número de sospechosos) de las universidades Nacional y la Pedagógica, ambas Instituciones públicas (como la de Antioquia), todos ellos con reconocimiento en el trabajo social y en la defensa de los derechos humanos.
Como en el 2005 y con un afán completamente evidente, luego de la captura, se hizo una convocatoria masiva a los medios de información, en la que los jóvenes, todos menores de 35 años, fueron presentados como presuntos responsables de los atentados y de conformar grupos de apoyo de la guerrilla en la capital del país. Según las autoridades, Bogotá estaba segura, pues se había desarticulado una de las estructuras más peligrosas de la ciudad, responsable no sólo de los atentados del último mes, sino también del sucedido el año anterior contra un CAI en el céntrico parque Lourdes.
Cumpliendo con la tarea, como se lo exigió el Gobierno, los medio transmitieron el positivo tanto de la fiscalía como de la policía, pero esta vez sembraron un manto de duda sobre el mismo, provocado más que por la inoperancia y la impunidad, por la prontitud inusual del resultado.
En la audiencia de imputación de cargos, uno de los estudiantes fue dejado en libertad de manera inmediata y los trece restantes, han tenido que esperar entre aplazamientos y arguyas jurídicas a que la Fiscalía recoja evidencias de lo que parece no hay.
La prontitud de la investigación y el gran despliegue publicitario tiene varios elementos a tener en cuenta. El primero, y es indiscutible, el afán de presentar resultados de dos instituciones bien desprestigiadas como la Policía y la Fiscalía; el segundo, la necesidad de una cortina de humo de varios hechos que a la par del escándalo se dieron, entre otros una masacre en el departamento de Córdoba que no fue denunciada; el tercero tiene que ver con un sistemático acoso e intento de silenciamiento de los líderes sociales y estudiantiles y el cuarto, que debería generar una preocupación general en la población es el intento de desprestigiar a las Universidades públicas, estrategia común en los gobiernos privatizadores.
Como si fuera poco este tipo de resultados le cuesta miles de millones de pesos al fisco colombiano, en el primer caso, por ejemplo, ya la justicia falló a favor de varios de los injustamente detenidos, condenando a la Fiscalía a pagar más de 100.000.000 (cien millones de pesos).
Sin embargo, el dinero que se les paga a los demandantes no compensa en ninguna medida el desprestigio que genera en cada uno de ellos la peligrosa acusación que sobre sus cabezas cuelga la Fiscalía. Además, la publicación del archivo de la actuación penal o de la ausencia de méritos de la acusación que posteriormente arroja la excarcelación de los acusados, no genera despliegue publicitario y por lo tanto en ningún momento borra del imaginario de los colombianos la imagen sembrada de terroristas de los estudiantes o activistas víctimas del hecho.
