De aplaudir la decisión de la Corte Constitucional con la que le ordena al Ministerio de Educación la implementación de una política encaminada a fomentar el respeto por la diversidad sexual en las instituciones educativas. Sin embargo, este tipo de iniciativas muestran el gran desconocimiento que del sistema y de la dinámica escolar se tiene en las esferas decisorias del Estado colombiano.
Muy cierto es que en los últimos tiempos el gobierno y parte de la población ha optado por implementar medidas que liberalicen nuestra sociedad. Sin embargo, es igual de cierto que la polarización del país lleva a que otra parte de los habitantes se opongan a esto y por el contrario opten por posturas mucho más conservadoras.
Es en este antagonismo ideológico en el que se debate la educación. Por un lado las decisiones de magistrados, congresistas, altos funcionarios del ejecutivo y “yupis” que ejercen como ministros de educación que se saben expertos en el ramo merced a la administración con éxito de las ya lucrativas empresas familiares o porque dictaron cátedra en una prestigiosa y costosa Universidad. Y por el otro, la realidad de las aulas, los estudiantes y los contextos educativos en los que inmersa está la crueldad de niños y adolescentes que despiadados, por su naturaleza, no tienen ningún pudor ni recato en maltratar a sus compañeros.
Volviendo al punto inicial, es bueno recordarles a los magistrados de la Corte Constitucional que la ley General de Educación (ley 115 del 1994) obligó a las Instituciones Educativas cumplir con, (entre otras) “el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica”, que se redujo por presión de las secretarías de educación a la continuidad del perverso sistema electoral de Colombia para elegir al personero estudiantil; “el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo” y claro está “la educación sexual”, que entre muchos otros objetivos pretende generar altos niveles de tolerancia frente a la diversidad.
Para desgracia de la tan aporreada calidad de la educación y de la sociedad en general esta temática obligatoria ordenada (como esta vez lo hace la Corte Constitucional), por la ley 115 es completamente inviable.
En primer lugar no podemos olvidar el carácter social del magisterio, gremio en el que encontramos uribistas, (así muchos lo nieguen y otros nos escandalicemos) izquierdistas, apolíticos, homófobicos, misóginos, etc. En segundo lugar, debemos tener en cuenta las condiciones cenicientas a las que ha sido relegada la educación históricamente por lo que no existen recursos para la implementación de algún proyecto; en tercer lugar, la excesiva carga laboral a la que está siendo sometido el docente ha hecho que los verdaderos procesos de formación queden en el último renglón de la tarea. Y así un sinnúmero de obstáculos más para que lo bellamente escrito por los sabedores de la teoría escolar se quede en el papel.
La generación de espacios de tolerancia y respeto en nuestra sociedad tienen que crearse de manera real y no ideal, entendiendo que mientras no haya una verdadera ideología del respeto por el otro en todas las esferas sociales, la dictadura de la ley no parirá resultados formativos diferentes a obligar a una Institución Educativa a implementar una estúpida cátedra de formación sexual, o de emprendimiento o de democracia o de competencias cívicas o de paz.
Solamente se creará una conciencia colectiva del respeto cuando las autoridades generen desde ellas mismas esos espacios. De lo contrario nos seguiremos encontrando con situaciones como la de Kelly Méndez apuñalada repetidamente por su novio que fue condenado únicamente a 8 años de prisión y estos en casa por cárcel. Para la condena no se tuvo en cuenta que el caso de la joven no es aislado sino que hace parte de una conciencia colectiva de maltrato a la mujer y que con sanciones tan ínfimas como ésta no generarán el cambio social necesario para crear una cultura del respeto por el otro, que es en últimas el fin de la ley 115 y de la reciente decisión de la Corte Constitucional.
