El jueves 5 de noviembre de 2015 a las 10:00 de la mañana, se radicó en la Fiscalía General de la Nación, Seccional Antioquia, una denuncia por varias irregularidades en el interior de la División de Recaudo de Impuesto Vehicular de la Secretaría de Hacienda Departamental al parecer por la existencia de una red de funcionarios que se dedica a borrar sanciones y pagos de contribuyentes morosos.
De acuerdo con la investigación preliminar y a la revisión de documentos se detectaron inicialmente 64 placas con pago irregular que arrojan pérdidas al Departamento por más de $207’000.000 (doscientos siete millones de pesos) aproximadamente.
Funcionarios de Hacienda sostuvieron que dicha pérdida es la “punta del iceberg” del desfalco y robo continuado que apenas se está destapando y que dejaría en evidencia funcionarios inescrupulosos que venían haciendo su agosto.
Igualito a la red de ladrones y prescripciones de impuestos Predial e Industria y Comercio que se detectó en el Municipio de Medellín, en el Despacho de Hacienda Departamental se venía alterando y disminuyendo el pago de intereses y sanciones a propietarios de vehículos particulares.
Las deudas borradas en el sistema corresponden a los años entre el 2010 y 2015, es decir dos años de la Administración de Luis Alfredo Ramos Botero y durante todo el gobierno de “El Anterior”.
El bollo es que aunque la denuncia se realizó el año pasado, a un mes larguito para terminar el gobierno del bluyín, dicho hallazgo no fue notificado a la comisión de empalme del nuevo gobierno de Luis Pérez Gutiérrez.
El Departamento firmó un contrato con UNE Telecomunicaciones para el apoyo tecnológico consistente en la elaboración y liquidación del Impuesto de Vehículos Automotores que se paga cada año por parte de los propietarios de carros particulares.
Ese convenio se tenía con la empresa Sistemas y Computadores de Bucaramanga durante la Administración Departamental del muerto Guillermo Gaviria y el vivo Eugenio Prieto. Cuando Aníbal Gaviria fue Gobernador otorgó ese convenio a UNE Telecomunicaciones.
Hay que tener en cuenta que aunque los convenios interadministrativos se adelantan únicamente entre entidades de naturaleza pública, en el Gobierno de “El Anterior”, después de la fusión entre UNE Telecomunicaciones y la empresa privada Millicom se amplió por un año más dicho convenio.
En el 2015, último año del bluyín se descubrió el fraude que se adelantaba, además, bajo la complicidad de dos funcionarios de UNE – TIGO, quienes silenciosamente fueron retirados de sus cargos.
Por orden, dicen en la Gobernación, de la exsecretaria de Hacienda Departamental, María Eugenia Escobar Navarro esa irregularidad no se notificó a la comisión de empalme del nuevo gobierno perista.
Lo cierto es que, por un lado en el despacho del actual Secretario de Hacienda Adolfo León Palacio Sánchez se adelanta la elaboración de un programa de auditoría especial que permita determinar con exactitud el monto de las deudas borradas, y por el otro, la Fiscalía General de la Nación viene investigando con el fin de dar con los responsables del robo continuado. Habrá capturas…
