Dada la polarización a la que sometieron al “ciudadano promedio” el presidente Santos y el senador Uribe por las conversaciones entre las FARC y el Gobierno, la semana anterior fue la peor para el expresidente y sus seguidores.
Aunque es difícil entender que estos colombianos, los uribistas, prefieran que cerca de 9 mil guerrilleros continúen en el monte con un fusil al hombro en alerta para perpetrar ataques, la realidad es que los acuerdos firmados con las FARC agotaron el discurso a la “derecha” del país.
Los “paras” ya no existen como en los próximos días no existirá las FARC por la desmovilización y dejación de armas de una de las guerrillas más viejas del mundo. Chueco y con dificultades es probable que el acuerdo firmado sea criticado, como en su momento, hace 13 años, lo fue el de las Autodefensas que veranearon en Santa Fe de Ralito, Tierralta, Córdoba.
Debido a que el Gobierno fue incapaz de exterminar las FARC y los insurgentes se quedaron cortos para tomarse el poder, hubo firma de la paz, lo que representa políticamente hablando uno los golpes más bajos para los discípulos del expresidente y orientador de Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez al demostrarse que su “receta” se vinagró.
Además de la firma de acuerdos con la guerrilla otras dos pedradas le tiraron al uribismo. La primera tiene que ver con la captura en Florida, Estados Unidos del exministro Andrés Felipe Arias, condenado en Colombia a 17 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo Agro Ingreso Seguro, AIS.
Arias, durante el gobierno de Uribe en vez de beneficiar en su totalidad a campesinos pobres, otorgó subsidios a terratenientes entre los que se cuenta la exdirectora del periódico El Colombiano y exsenadora por Centro Democrático, Ana Mercedes Gómez Martínez, quien se vio envuelta en un escándalo de talla nacional.
El segundo caso y revés uribista compromete al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quien fue suspendido por el Senado al parecer por exigir $500’000.000 (quinientos millones de pesos) como coima para fallar una Acción de Tutela a favor de Fidupetrol.
Contra Pretelt pesa una investigación por el Delito de Concusión que tiene que ver con solicitar comisiones económicas por beneficiar a terceros cuando se ejerce alguna dignidad con el Estado.
Finalmente en un mes, más o menos, la “derecha” tendrá otro duro golpe. Muchos colombianos por voluntad propia participarán en el plebiscito el domingo 2 de octubre, para responder la pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?
Está claro que algunos dirán que no, porque nunca les ha tocado padecer la guerra en la Colombia rural, entre otros aspectos de un conflicto de 60 años, pero otros dirán que sí, porque es mejor entregarles a las FARC treinta emisoras de radio legalizadas que tener 9 mil hombres en el monte con un fusil en el hombro.
