El capítulo de los falsos positivos abierto por el soldado del ejército quien declaró ante la JEP la existencia de fosas comunes donde habían sido enterrados miles de inocentes asesinados por el ejército de Colombia y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, no es nuevo. Ya las madres de Soacha habían hecho denuncias públicas e incluso diligencias judiciales fallaron a su favor.
Lo nuevo es la cantidad de personas asesinadas en esta perversa dinámica militar enmarcada en la política de seguridad democrática del expresidente Uribe y que algunos dicen tiene origen en la sangrienta guerra de Vietnam.
Lo que se evidencia en un testimonio como el dado por el soldado es que los falsos positivos trascienden de un listado de cadáveres de personas desaparecidas y presentadas como combatientes, testimonio completamente escalofriante y aberrante, que no es poco, y demuestra que los falsos positivos hacen parte de toda una política de Estado para pelear la guerra interna en contra de la guerrilla.
Por eso buscar los responsables en soldados rasos y mandos medios que estuvieron de cuerpo presente en los enfrentamientos es un error en el que no se puede caer, y al que los verdaderos responsables nos quieren llevar.
Como política de Estado, el verdadero responsable de los crímenes cometidos en esa dinámica es el presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, y con él y que no deberán pasar de agache, los Congresistas que avalaron con su respaldo la implementación de tan terrible política.
Los crímenes se han cometido, posiblemente nunca sabremos a ciencia cierta el número aproximado de personas asesinadas y presentadas como caídas en combate, lo que sí se ha demostrado es que fue una política emanada desde las cabezas más altas del Estado y con un fin determinado: hacer creer a la población que la guerra se estaba ganando.
Este tipo de estrategia no fue nueva en el país, ya en la década de los 80, el Estado había creado una política de erradicación de la oposición política: la desaparición de la Unión Patriótica.
Lo que nos lleva a pensar en la existencia de un hilo conductor en esa dinámica criminal que disfrazada de democracia ha mantenido a raya toda forma de disidencia de pensamiento, primero con las armas, hoy con las armas y la calumnia mediática.
No es hora de exigir a las instituciones que hagan lo que les corresponde, es hora de que la población en general hagamos lo que nos corresponde, condenar de manera abierta y práctica a todos los que de una u otra forma han apoyado la criminal política: empresarios, votantes y por su puesto los políticos que desde el ejecutivo y el legislativo la han permitido y generado.
Olvido no y mucho menos justificar tales actos, es la hora de la condena social.
