Empezaron a conocerse versiones que enredarían más la situación jurídica y legal del recién suspendido gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa.
La Fiscalía solicitó a la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, EDU, los documentos relacionados con el proyecto de renovación urbanística Naranjal y Arrabal, ubicado en inmediaciones de la carrera 65 con calle 44 San Juan.
Naranjal, tuvo problemas desde el inicio de su ejecución y compromete de manera directa a Margarita Ángel Bernal quien durante la alcaldía de Aníbal Gaviria 2012-2015 se desempañó como gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano.
Lo particular es que en el proyecto Naranjal y Arrabal, también está comprometida la empresa de Los Solarte, involucrada, además, en los contratos presuntamente irregulares en la construcción de la Trocal de la Paz, obra que tiene al Gobernador fuera de servicio.
Posterior a la adjudicación del proyecto de Naranjal se presentaron controversias por la cuestionada idoneidad de Los Solarte, especialistas en vías, no en proyectos de vivienda.
Hace un año, la saliente Alcaldía de Federico Gutiérrez llegó a un acuerdo con dicho contratista para que cediera la participación en la obra, debido a los problemas legales de Paola Solarte, quien se desempeñaba como representante de CASS CONSTRUCTORES, vinculada al escándalo por las coimas de Odebrecht.
Lo que se menciona en los clubes sociales de Medellín es que Paola Solarte enredada por dichos proyectos, es una de los testigos que negoció con la Fiscalía para entregar información con el fin de determinar las presuntas irregulares que se presentaron en la Troncal para la Paz con tal de disminuir su propia responsabilidad.
IRREGULARIDAD EN PANDEMIA
De otro lado, la Contraloría General de la República anunció que iniciará otra investigación contra el Gobernador por las presuntas irregularidades que se presentaron en la realización de contratos relacionados con la pandemia y el covid19.
Sobre esos nuevos cuestionamientos, la Contraloría General de Antioquia entregó conceptos favorables sobre las actuaciones de la administración departamental para enfrentar la contingencia generada por el coronavirus.
De acuerdo con el ente de control fiscal se cumplieron los criterios para la declaratoria de Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta al determinar que no se presentaron irregularidades que generen daño al patrimonio del Estado en un paquete de contratos celebrados por el Departamento.
La Contraloría Departamental explicó que durante la Urgencia Manifiesta se han cumplido los criterios para la contratación urgente por lo que “se considera que no existe abuso de esta figura legal por parte de la Administración Departamental”. Ver documento1 – Ver documento2
