Actualmente los ciudadanos de Medellín nos estamos viendo sometidos a la dictadura de los dueños del espacio público, que en realidad ya no lo es.
Hoy los habitantes de la ciudad de “pinturita” tenemos que ser malabaristas y escapistas para podernos desplazar. Los conductores ven en cada semáforo el peligro inminente de los limpiavidrios que en su mayoría intimidan por la cantidad y la forma en que abordan no hay “no” que sea válido para estas personas que hacen de su actuar el servicio a pagar.
Pero no solo ellos. Por las vías deambulan en centenares, tal vez millares carretilleros que venden absolutamente de todo y que han hecho de las calles su viaducto exclusivo reduciendo la precaria red vial a un solo carril, eso cuando no se desplazan en contravía, generando un caos mayor.
Y ahí no termina la cosa, como diría uno de los monólogos del ausente Facundo Cabral. Las calles de Medellín son ahora parqueaderos, y no públicos, sino al servicio de bandas que se han adueñado del espacio, no tan público. En la carrera 74 en el sector del Estadio, zona colapsada hoy por la construcción del puente de la calle Colombia sobre la avenida 80, hay que pagar a las personas del cartel del trapo rojo alrededor de $5.000 por vehículo y por adelantado, de lo contrario no podrá dejar su carro en esa zona.
Y qué decir de los barrios que están al norte de la Av. 33 sus calles han dejado de existir. Son además de parqueaderos, talleres de mecánica, latonería y pintura, depósitos de chatarra, acopio de transporte informal, extensión de locales comerciales y una larga cantidad de etcéteras.
Frente a esta situación no opera, por lo menos para el norte de la ciudad, ni los funcionarios de espacio público, y mucho menos la deficiente secretaría de movilidad, que ha entrado en un desorden completo en esta administración.
La policía tampoco hace lo propio, cuando aparece no muestra ni los dientes porque al desentenderse de la situación inmediatamente reaparece la invasión de aceras, zonas verdes y calles, que ya están al servicio de una parte (no sé si la más avispada o la más peligrosa) de los habitantes de Medellín, y por la que todos pagamos impuestos.
Quejarse puede ser más difícil e incluso peligro que hacerse el de la vista gorda, que vaya a la casa de gobierno, donde no hacen nada, que se queje en la página del Municipio, para nada, que mande una carta a la subsecretaría de espacio público, menos, ¿y entonces?…
La realidad es que tanto los habitantes de la ciudad a los que nos incomodan estas actividades, como los que las realizan, somos víctimas de bandas que apuntalados en la desinstitucionalización que se vive actualmente en la ciudad por el desinterés del gobierno de turno, han fortalecido sus finanzas y su poderío en el territorio.
Esa es la realidad de la ciudad, el espacio público es de las bandas delincuenciales de los diferentes sectores y nosotros los ciudadanos de a pie pagamos impuestos a todos, a ellos y al Estado.
