Mientras un Juez ordenaba arresto contra del Ministro de Defensa por desacato a una orden de tutela, el actual Ministro de Salud secundado por el exministro de la misma cartera, Alejandro Gaviria, anunciaba que iba a desacatar la orden de un Juez de Tutela que obligaba al Gobierno a exigir pruebas de laboratorio de covid19 para quienes ingresaran a Colombia.
Todo ello, en medio de un clima de animadversión frente a los jueces de tutela por cuenta de las habituales opiniones retardatarias que reclaman de los jueces una especie de alejamiento de los asuntos de gobierno por el hecho de no haber sido elegidos popularmente, ¿conviene entonces que a los jueces los elijamos popularmente o que no se metan en políticas de los gobernantes bajo la lógica de un posible desacato?
La división de poderes se considera necesaria en una democracia por el simple hecho de que la humanidad decidió aborrecer la monarquía absoluta donde el poder no tenía ninguna clase de control y el precio de ello lo pagaba el ciudadano con sus libertades.
De allí que las funciones consideradas básicas del Estado las debían ejercer los que mejor podían hacerlo: el ejecutivo debe ser un buen ejecutor de políticas validadas popularmente a través de mandato, el legislador debe ser plural y representar la diversidad de intereses sociales para la elaboración de la Ley, y los jueces deben ser expertos en la valoración de las normas jurídicas y de los conflictos sociales para resolverlos con autoridad.
En algunas democracias ampliamente representativas al gobernante lo elige el Congreso y éste lo controla fuertemente. En otras democracias más paternalistas como la nuestra el Ejecutivo es elegido popularmente y ejerce fuertes poderes frente al Congreso.
El voto popular es entonces necesario para la escogencia de los que deliberan y ejecutan las políticas de gobierno, pero ha sido ampliamente descartado como método de escogencia de los jueces porque estos últimos no representan intereses de mayorías, sino que están llamados a mantener la democracia misma evitando que los que sí son elegidos popularmente la conviertan en una tiranía si sucumben a la tentación de abusar del poder.
Tanto en las peores guerras de la humanidad como en los problemas interpersonales más triviales se puede identificar lo mismo de siempre: todos creen tener la razón. Pero si le asignamos la razón al más capaz de imponerse o al que más votos tenga realmente no brillaría la razón sino el poder y en ese caso bien lejos estaríamos de una democracia.
Es por lo anterior que los jueces no pueden tener menor importancia que la de los que gobiernan o la de los que deliberan en el Congreso. Y si a los jueces los ponemos a conseguir votos para ser elegidos ya no tendríamos jueces sino congresistas con toga y la razón dependería del poder electoral.
Si aceptamos lo anterior como asuntos básicos en una democracia resulta forzoso defender la autoridad del Juez a pesar de nuestro desacuerdo con cualquiera de sus decisiones.
¿Pueden equivocarse los jueces?, por supuesto que pueden equivocarse como se equivoca el gobierno y como se equivoca el Congreso, pero si un juez se equivoca no pueden ser los destinatarios de sus decisiones los llamados a escoger si les parece buena idea el acatamiento de la decisión.
En Colombia las tutelas son decididas por todos los jueces del territorio y de todas las especialidades porque la aplicación de la Constitución se repartió de tal manera que fuera extensa la protección de derechos fundamentales para que la aplicación directa de la Constitución estuviera al alcance de todos.
Eso significa que, si todo el sistema está sometido a la constitución, desde el más poderoso hasta el más vulnerable de los gobernantes y de los ciudadanos están amarrados a las decisiones de tutela de cualquier Juez a pesar de la popularidad o aceptación pública de la decisión, y eso significa que un Ministro de Estado puede ser obligado por un Juez de tutela independientemente de si la decisión le resulta agradable o así se trate incluso de una mala decisión.
Lo dicho hasta ahora no es más que el fundamento básico para concluir que no importa si los jueces de las tutelas en contra de los ministros de salud y defensa se equivocaron o no, sino que lo importante es la respuesta del Gobierno Nacional frente a esas decisiones que consistió en un abierto y público desprecio.
El desacato a una decisión judicial no es un asunto menor puesto que lo que está de por medio no son las consecuencias buenas o malas de la decisión desacatada sino la democracia misma porque en el momento en que el poder del ejecutivo se utiliza para anular al poder judicial desaparece la división de poderes y el fundamento mismo del Estado de Derecho.
Cuando se hacen trizas las decisiones judiciales desde el poder del gobierno lo que debe hacer un ciudadano responsable es exigir el respeto a la labor de los jueces en vez de exigir a los jueces que no se metan en asuntos de gobierno.
Un Juez puede equivocarse cuando anula decisiones del ejecutivo porque el error en el cumplimiento de las funciones es posible siempre, pero lo que no puede hacer un gobernante es decidir cuándo cumplir las decisiones de los jueces porque allí siempre se estará equivocando ya que esta no es ninguna de sus funciones.
La próxima vez que escuchemos a un alto funcionario del ejecutivo decir que desconocerá, desacatará o eludirá el cumplimiento de una decisión judicial, nuestro primer examen como ciudadanos debe ser la defensa de la democracia porque para lo demás habrá tiempo y habrá democracia. Por el contrario, si lo primero que hacemos es culpar a los jueces por el desacato de sus órdenes, lo que estaremos haciendo es edificar el camino para que no necesitemos jueces ni democracia porque en realidad no aborrecemos las tiranías.
