La noticia con la que el “pinturismo” terminará el 2020 es la conciliación a la que llegaron EPM y el consorcio constructor de Hidroituango por los $9.9 billones de pérdidas que dejaron, según el gobierno, las malas decisiones.
El asunto es que ahora no vendrán los chinos, y, por el contrario, serán los mismos los encargados de terminar el proyecto que deberá empezar a generar energía a partir del 2022.
Lo otro que se está moviendo detrás del telón que tiene que ver de manera directa con la conciliación entre las partes son las incomodidades y diferencias entre la gerencia de EPM de Álvaro Rendón con el vicepresidente jurídico Alexander Sánchez, quien posiblemente deje su cargo en los próximos días.
Las diferencias entre la gerencia y la jurídica tienen que ver con que Sánchez no se encuentra convencido en su totalidad con los nuevos acuerdos a los que llegó el consorcio con EPM para la terminación y puesta en marcha de la hidroeléctrica.
Sánchez, manifiestan, no está de acuerdo con la conciliación y especialmente con el recobro que se cargaría a MAPFRE, la aseguradora de Hidroituango por la contingencia de abril de 2018, posición que generó que lo aislaran de las reuniones que se tuvieron los últimos días.
Alexander Sánchez fue nombrado en junio como vicepresidente jurídico seis meses después de la salida de Maritza Alzate, la que encargó una prueba de polígrafo a empleados por la filtración de información de la entidad.
Además, lo que también generó incomodidad fue que Alexander manifestó, en su momento, el desacuerdo por la contratación de abogados y asesores externos para apoyar el proceso jurídico de Hidroituango, cuando la entidad tiene los suficientes jurisconsultos para haber asumido ese reto.
