Las gestiones del presidente Duque para cerrar las puertas a posibles acciones de tutela de ciudadanos interesados en obtener vacunas por fuera de los planes del Gobierno Nacional, más que un síntoma de falta de confianza en su propia política de vacunación contra el covid9, constituyen un peligroso antecedente para la legitimidad de la tutela y para la autonomía de la justicia dentro de la fracturada confianza ciudadana en la independencia de los órganos de control.
La acción de tutela está al alcance de cualquier persona para aplicar la Constitución Política cuando resulte necesario proteger un derecho fundamental vulnerado o amenazado, pero también ofrece el riesgo de que quienes tengan intereses ajenos a la Constitución pretendan abusar de ese mecanismo.
La tutela, como cualquier derecho o receta para solucionar un problema, tiene riesgos de abuso, pero no por la presencia de los riesgos entonces deberían justificarse o legitimarse los discursos oportunistas que bajo la excusa de los posibles abusos pretenden el cierre de la puerta al mecanismo llegando al punto de tenerlo como una amenaza en vez de una solución a los problemas de quienes de verdad lo necesiten.
La procedencia de una acción de tutela no depende del que la interpone porque la decide un Juez de la República. Y ese Juez de la República no decide la tutela sin haber dado la adecuada oportunidad a la contraparte de pronunciarse, lo que significa que si alguien considera que debe ser vacunado antes de tiempo no lo va a lograr por el simple hecho de interponer una acción de tutela.
Si alguna persona de manera caprichosa decide usar la tutela para colarse en la fila, el Ministerio de Salud tendrá la oportunidad de decirle al Juez las razones por las que esa tutela debería fracasar, y ese juez apoyado en la Constitución Política debería darle la razón al Ministerio, si la tiene.
Así las cosas, el mecanismo de tutela no tiene porqué ser un riesgo para los planes de vacunación siempre y cuando dichos planes sean diseñados y se ejecuten de acuerdo con los principios de la Constitución Política.
La tutela tiene doble instancia y posibilidad de revisión en la Corte Constitucional, lo que significa que está lo suficientemente blindada frente a los intentos de abuso, aunque, por supuesto, podría haber algunos exitosos, pero no por miedo a ellos se les debe cerrar las puertas a los que realmente podrían necesitarla.
Frente a lo que no está blindada la acción de tutela es de los ataques de sus históricos enemigos, pues desde que fue creada en 1991 los intentos de reducir sus alcances han sido notorios especialmente durante los gobiernos regresivos de los nostálgicos de la constitución autoritaria de 1886.
Iván Duque y su ministro de salud, secundados por el partido de gobierno y la prensa palaciega, han comenzado una cruzada en contra de las tutelas que ni siquiera se han interpuesto en contra del plan de vacunación. Han pedido a los jueces y pedirán a la Corte Constitucional el cierre de puertas a estas posibles pretensiones de tutela en lo que no es otra cosa que una irresponsable intromisión en la independencia de la Rama Judicial y un verdadero desafío al Estado de Derecho, pues semejante petición equivale a pretender poner un plan de vacunación por encima de la Constitución Política.
Si las políticas de salud del Gobierno están lo suficientemente bien estructuradas, no debería haber temores alrededor de posibles decisiones judiciales que corrijan sus eventuales fallas o que permitan corregir posibles injusticias en casos concretos no previstos en las normas. Que no sean estas extrañas preocupaciones frente a la acción de tutela algún tipo de excusa anticipada frente a la poco diligente política de vacunación del Gobierno Nacional.
No sobra decir que los peores enemigos de los derechos fundamentales y de sus mecanismos de protección resultan siendo paradójicamente los primeros en la fila para utilizarlos tan pronto ven comprometidos sus intereses: el expresidente Álvaro Uribe a través de una acción de tutela que interpuso recientemente busca tumbar la decisión de un Juez que le atribuyó la condición de imputado dentro del proceso penal que se le sigue por la corrupción de testigos. Álvaro Uribe siendo presidente promovió la eliminación de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
