Los docentes somos los primeros perjudicados cuando de la implementación de la alternancia educativa se trata, algo así como la mortadela, no alcanzamos siquiera a ser tratados como el jamón del sanduche.
Por un lado, está la comunidad educativa y la necesidad de la apertura de las instituciones escolares, por el otro, la presión irracional de la Secretaría de Educación por mostrar resultados sin un plan de choque planeado, organizado y pensado en las realidades del sistema mismo.
Colegios sin las más mínimas posibilidades de aplicar medidas de bioprotección, profesores desconocedores de los procesos de bioseguridad que más por su buena voluntad que por otra cosa han sido los abanderados de los protocolos, comunidades que desconocen la existencia de un virus que puede ser mortal, y, como cereza, más amarga que dulce, del postre, una Secretaría de Educación intransigente, negligente, vacilante e indolente son la realidad de la tan cacareada alternancia educativa.
Sí o sí es la opción que la Secretaría de Educación deja a los rectores, que presionados deben reportar el avance de un proceso que como conejo deben sacar del sombrero de mago porque la realidad supera el afán mediático.
Y ahí, canalizando las necesidades de unos y otros están los profesores, algunos con comorbilidades que la EPS de los docentes no certifica, porque según ella no es su competencia y según la Secretaría de Educación tampoco suya.
El caso que narraré de una profe, no es sólo de ella, es el ejemplo de la ignominia y la desidia de una Secretaría que en un circunloquio leguleyo, prefiere comprometer la vida de los familiares cercanos de los docentes que tomar una decisión amparada por la norma.
La hija de la profe tiene una enfermedad pulmonar crónica como lo reporta la historia clínica que expedida por la entidad competente conocen los funcionarios de la Secretaría, la profe, reconocida por sus directivos como responsable ha solicitado como cuidadora legal de la menor ser tenida en cuenta para continuar con su trabajo en casa, la respuesta de la Secretaría ha sido vacilante y deposita la responsabilidad en el rector de la institución, a sabiendas que la ley sólo permite que el directivo docente conceda tres días de permiso en un mes.
Derechos de petición han enviado a la profe de Herodes a Pilatos por la incapacidad de dar una respuesta concreta, todas rezan, en una frase burlona y vergonzosa: “remítase a la ley”. Y la ley tampoco es concreta con relación al caso de una niña que tienen que estar lejos de su madre porque la cercanía, por la profesión que desempeña la progenitora, podría generar riesgos para su vida.
Este no es el único caso, por montones llegan a los asesores jurídicos de los sindicatos y ante las peticiones hechas por estos, las respuestas de la Secretaría rezan, en un corta y pegue infinito que tanto se censura: “ley es ley”.
ESTRIBILLO:
Como para completar el panorama, una profe llamó a Red Vital, la EPS del magisterio, para que le asignaran la cita porque según la alharaca del Ministerio de Salud ella entraría en el grupo a vacunar desde el 17 de marzo, ¡oh respuesta!: la seccional de salud no nos ha dado todavía las vacunas necesarias. Hasta la semana anterior a la publicación de esta columna faltaban por vacunar cerca de 900 maestros mayores de 80 años.
