El manejo que la alcaldía le está dando a Empresas Públicas de Medellín ha generado peleas en redes sociales, polarización en la ciudadanía, discusiones entre empresarios con la Administración y encontrones entre políticos defensores de los unos y de los otros que han hecho que por “joya de la corona” hayan pasado cuatro gerentes en dieciséis meses, hecho inusual que pone en entredicho, para bien o para mal, las decisiones del gobierno de turno: el de Quintero.
El Sindicato de Profesionales de las Empresas Públicas de Medellín, SINPRO, no se iba a quedar atrás, y en el sentido, expuso la postura con respecto a los últimos hechos como las medidas cautelares ordenadas por la Contraloría General de la República que embargaron las cuentas bancarias de uno de los contratistas de Hidroituango.
El sindicato de profesionales de EPM reiteró los graves riesgos que corre la entidad como los sobrecostos y retrasos para la puesta en marcha de la hidroeléctrica, además de las multas que se podrían derivar por las demoras en los pagos de las aseguradoras.
Además, dice que las bajas en las calificaciones de riesgo podrían generar inminentes solicitudes de los acreedores de EPM para que pague anticipadamente las obligaciones de largo plazo, hoy valoradas en $22 billones de pesos, sin contar el riesgo de la seguridad energética del país.
Sostiene también que los riesgos a los que ha sido sometida EPM debido a las decisiones de la administración y la junta directiva que preside su presidente, el alcalde, pondrían a la empresa en el peor escenario financiero.
Ahora, explican los voceros de SINPRO que el embargo de la Contraloría a las cuentas de Integral, uno de los contratistas de Hidroituango, evidencia la grave situación y prevé otros posibles embargos a los demás contratistas del proyecto y a EPM, agregando más riesgos a los ya originados por la demanda contra los constructores de la obra.
Ese nuevo hecho, argumentan, podría, generar la culminación anticipada de la relación con los contratistas -contemplada en la adenda AMB 39 de 2020-, con lo que se paralizarían las obras, excusa para aducir fuerza mayor o urgencia manifiesta para abrir la puerta a nuevos contratistas, incluidas empresas chinas como la CTG (CHINA THREE GORGES CORPORATION), como se denunció en su momento.
En el comunicado emitido por SINPRO reiteran que el papel como organización sindical responsable seguirá siendo el de trabajar al lado de la ciudadanía para defender el patrimonio público representado en EPM, motor de desarrollo para Medellín, Antioquia y Colombia.
