El pasado miércoles, durante las protestas del paro nacional, fueron capturados cuatro jóvenes cerca al parque de El Poblado como retaliación de la Policía, debido a que dos agentes resultaron heridos en medio de una aparente confrontación en la que los capturados no participaron.
La justicia les impuso medida de aseguramiento por el simple hecho de creer lo que dijeron los policías en sus informes, pues lo demás no fue otra cosa que consideraciones en torno a la gravedad de los desmanes de la protesta social y cosas por el estilo.
Los defensores de estos jóvenes tuvimos que decirles a sus familiares que desde ahora ellos van a estar privados de la libertad en las peores condiciones que se puedan imaginar, con el riesgo de contagio y hasta muerte por covid, debido a que estaban en el lugar equivocado pues no hubo una sola prueba, ni siquiera los informes policiales, que dijera que ellos estaban ejerciendo algún tipo de agresión concreta.
Después de que el juez tomó la penosa decisión, gracias a la publicidad del caso en redes sociales, apareció un video grabado por algún ciudadano en el que se apreciaba que tres de los cuatro capturados no estaban ejerciendo ninguna violencia y al contrario fueron brutalmente golpeados por una horda de policías fuertemente protegidos.
En cuestión de días los jóvenes deberán estar en libertad y por lo menos los policías que le mintieron a la justicia en sus informes deberán pasar a ser los investigados.
Más allá de las pobrísimas consideraciones que le sirvieron al juez para tomar sus equivocadas decisiones, es prioritario reconocer y debatir públicamente dos aspectos indispensables de cara al derecho a la protesta: si los informes policiales son siempre medios idóneos de acreditación de los hechos relacionados con posibles confrontaciones, y si decisiones como ésta, únicamente afectan a las personas que son sus directas destinatarias.
Frente a lo primero, es importante decir que la Policía está integrada por seres humanos que ante situaciones de confrontación física necesariamente tendrán la tentación de sucumbir ante la pasión de querer castigar a quienes consideran sus enemigos de turno.
Por ese tipo de tentaciones es que en los informes que presentan para la justicia dicen algunas cosas que podrían no ser ciertas, pues finalmente tienen el poder “la versión oficial”, y ello podría ser utilizado como instrumento de hegemonía frente ese concreto enemigo que debe ser doblegado.
No se trata de decir que los agentes de la policía mienten siempre o que deba presumirse que sus dichos son falsos, pero es hora de reconocer que el argumento habitual -usado en este caso por el Juez- según el cual entre lo dicho por el policía y lo dicho por el ciudadano se debe preferir lo dicho por el policía debido a que portar uniforme constituye una simplista irracionalidad que le termina entregando la función de administrar justicia al policía que, realmente, cuando elabora un informe sobre hechos en los que se considera víctima, además de juez, está siendo parte.
En cuanto a lo que se decide en audiencias judiciales en las que se debaten capturas y medidas de aseguramiento, los operadores de la justicia también deben ser conscientes de que lo que deciden en estos casos no son simples cuestiones particulares sino además la determinación del alcance de derechos fundamentales, pues allí donde se trace la línea de lo que se considera penalmente relevante para habilitar una privación de la libertad en contextos de protesta con conflictividad, no es nada menos que lo que otras personas deben entender que pueden hacer o dejar de hacer en esas mismas situaciones.
Si los jueces de la República comienzan a decir en sus fallos que la presencia de personas en sitios de confrontación o vandalismo puede habilitar la privación de su libertad, tiene ello no solamente una cuestionable lógica jurídica sino también un poderosísimo efecto de desaliento para el ejercicio de derechos fundamentales pues en adelante los ciudadanos además del peligro de enfrentarse a la violencia de los vándalos o a la de los policías, se enfrentan al peligro de tener la mala suerte de estar en el lugar equivocado.
El siguiente es el video en el que se muestra la captura de tres de los cuatro jóvenes de El Poblado. Apareció horas antes de escribirse esta columna, pero varias horas después de ser recluidas estas personas en prisión preventiva intramural:
Hoy obtuvimos el vídeo que le da la razón a los jóvenes, aparecen tres de ellos siendo agredidos por la policía y no dentro de una turba asesina. La fiscalía no aportó video de los hechos pese a la cantidad de cámara en el sector. Juzguen ustedes: pic.twitter.com/eqcD2nfuh7
— Mauricio Urquijo (@LuisUrquijo) May 1, 2021
