“Juanfer” es un joven líder cultural perteneciente a la barra “Los Del Sur” y según dicen muchos de quienes lo admiran por su liderazgo, le gusta vivir activamente las jornadas de protesta social ubicándose en la zona que muchos llaman la “primera línea” para transmitir con su teléfono celular lo que pasa durante los avances de las manifestaciones, inclusive cuando se trata de choques con la policía.
A Juan Fernando lo apodan cariñosamente “El Narrador”, pues de forma algo pintoresca e irreverente nos cuenta cada detalle de lo que va registrando con su teléfono, mientras gritos van y vienen. Desde el pasado 19 de julio, cuando lo capturaron en su casa a las cinco de la mañana, dejó de ser un líder juvenil para convertirse en “Alias el Narrador”, pues para el mundo de lo judicial eso de transmitir choques con la policía en medio de insultos es terrorismo e instigación para delinquir con fines terroristas.
Alias “El Narrador” es un profesor de primaria, recién graduado, hijo de una maestra y hermano de una niña de nueve años a quien le apuntaron con un arma de largo alcance en medio de un operativo policial de varias camionetas y hombres entrenados para tumbar chapas de puertas a las cinco de la mañana y capturar peligrosos terroristas que duermen en su casa con el importantísimo material bélico que representa su teléfono celular.
En épocas de democracia, “El Narrador” no habría sido capturado por semejante tontería. Pero épocas como las actuales, en las que el verdadero presidente de la República le da instrucciones al presidente Duque para que este último se las de al fiscal y el fiscal a sus funcionarios, cada centavo de nuestros impuestos que se invierte en la persecución de quienes dañan la imagen del gobierno se intenta aprovechar al máximo.
Al peligroso terrorista lo capturaron con orden judicial porque estaba en la mira de la policía. Le estaban haciendo seguimientos a través de lo que la CIDH denominó el “ciberpatrullaje” judicial, pues en la democracia más sólida de América Latina nadie tiene por qué transmitir en vivo hechos en los que antisociales les griten “cerdos” a los policías.
Este caso podría servir de advertencia para los terroristas que se han atrevido a ponerle apodo porcino al mismísimo Duque, pues para fortuna de cualquiera de los tiranuelos que abunda en el mundo judicial, cualquier cosa que pueda causar pánico se puede calificar como terrorismo siempre y cuando provenga de la gentuza que no deja trabajar.
Y “por-cino” lo creen, el modus operandi de los que ahora causan pánico judicial en la población que protesta, consiste en usar informes policiales para justificar su autoritarismo en la excusa de que la policía no miente porque es la policía, mientras se tapan la nariz frente al hecho de que es precisamente esa institución la interesada en la destrucción de su “enemigo” y para ellos todo vale.
La última esperanza que nos queda está en los jueces porque son ellos los encargados de evitar que las órdenes del verdadero presidente entren a sus despachos.
La última esperanza de la democracia ante el estado de sitio de facto por la protesta social está en quienes visten la toga y no se la entregan a la policía bajo la excusa de que, si se trata de la policía, todo lo dicho es irrefutable.
La última esperanza que tenemos para poder salir a la calle sin el pánico y la zozobra del abuso policial que considera que los teléfonos celulares son amenazas terroristas, son los jueces, a quienes la Constitución los puso de narradores permanentes de las garantías básicas para la libertad ciudadana.
