La ANLA impuso una nueva multa a las Empresas Públicas de Medellín por $85’551.996 por Hidroituango el pasado 4 de agosto. Por esos mismos días se conoció de la orden de un juez de la República de embargar de manera preventiva una cuenta de la misma empresa como medida cautelar por una acción interpuesta por un grupo de vecinos de la planta de tratamiento “Aguas Claras” en el vecino municipio de Bello.
No hace un mes el gobernador encargado del departamento ofreció vender la participación que este ente tiene en la generadora de energía Hidroituango a EPM, transacción que se haría a cambio de acciones de las Empresas Públicas de Medellín.
Desde tiempo atrás la empresa paisa ha estado en el ojo del huracán por buscar deslindarse del Grupo Empresarial Antioqueño, medida tomada por el alcalde Quintero y que generó de manera “espontánea” un movimiento de ciudadanos preocupados que busca la remoción del cargo del burgomaestre.
La disputa política generada por la controversia entre Quintero y la rancia clase dirigente de la ciudad por el control de EPM, hizo que el afán privatizador de nuestro sistema hiciera el primer aviso, cuando el triple Ex planteó la necesidad de que el gobierno nacional, “el impoluto gobierno nacional”, interviniera la empresa.
Ese aviso demostró lo que hace mucho tiempo, tanto privados como políticos, pretenden al hacer malos negocios o no calcular de manera técnica los efectos de las inversiones que se realizan con el dinero de todos los “medellinitas”: debilitar la empresa y recurrir a la venta como salida estratégica.
No es gratuito que haya una cascada de negocios que han dejado millonarias pérdidas, tampoco que pese a los avances tecnológicos se generen irregularidades en la realización de obras de la empresa o en las que ella participa, más bien eso obedece a ese afán desmesurado de algunos privados por adueñarse de esa gallina de los huevos de oro, y de unos políticos ambiciosos de obtener una buena ganancia como comisionistas o lobistas en ese eventual negocio.
La estrategia no es nueva, pero se sigue aplicando por lo rentable que ha sido siempre, además de que nuestro sistema jurídico y político, adaptado para el beneficio de los grandes emporios empresariales tanto nacionales como internacionales permite vender la patria.
La venta de UNE telecomunicaciones se hizo bajo esa estrategia y es la más cercana en tiempo y espacio, pero con ese mismo modus operandi se ha vendido todo activo rentable en el país desde 1990, creando un estado débil financieramente, y al servicio de unos cuantos multimillonarios.
Defender EPM es un deber cívico de todos los “medellinitas”, toda vez que pese a las malas inversiones son los aportes que la empresa hace a la ciudad, gran parte de la financiación de los programas sociales que se realizan.
