No son buenos días para Sergio Fajardo. Por un lado, el país se olvidó de él desde que se anunció la aspiración presidencial de Alejandro Gaviria; y por el otro, la Fiscalía lo ha convocado a una acusación por varios delitos relacionados con un empréstito irregular que habría impulsado durante su mandato como gobernador de Antioquia.
El comunicado de prensa del precandidato pretende mostrar alegría basada en que la justicia escuchó su petición de abrir el espacio del proceso penal para aclarar todas las dudas que pudiera haber, pero la realidad de eso es precisamente la contraria: una acusación es de las más horrorosas noticias que puede recibir un ciudadano.
Los procesos penales comienzan con una diligencia de imputación que se conoce como el momento a partir del que una persona recibe formalmente la noticia que está siendo investigada por lo que parece ser razonablemente uno o varios delitos.
Uno de los requisitos legales de la imputación es que tenga respaldo suficiente en hechos, elementos de convicción y análisis jurídicos que permitan señalar que existe inferencia razonable de responsabilidad penal. Este requisito busca evitar imputaciones caprichosas (que mucho ocurren), y al mismo tiempo que a una persona no se le ponga contra las cuerdas sin que se supere un adecuado umbral de razonabilidad.
A partir de una imputación se conocen los hechos por los que se ha orientado una investigación y se pueden adelantar actividades de defensa para evitar que esa investigación avance o confrontarla en juicio.
La investigación puede seguir avanzando para corroborar la hipótesis formulada en la imputación o para descartarla. Si el fiscal del caso considera que la investigación se ha fortalecido lo suficiente como para lograr la condena en juicio, entonces impulsa el siguiente paso que consiste en presentar un escrito de acusación ante el Juez que le corresponde valorar la posible responsabilidad.
A diferencia de la imputación, una acusación ya no se basa únicamente en que la responsabilidad de la persona involucrada se pueda considerar razonable, sino además en que ese análisis de responsabilidad alcance lo que se conoce técnicamente como probabilidad de verdad, que en plata blanca significa capacidad para lograr éxito en juicio.
Por el contrario, si la investigación que se realiza luego de transcurrida la imputación convence al fiscal de que el delito no existió o de que la persona investigada no es la responsable, entonces pedirá ante el Juez la preclusión del caso, y de ser avalada, allí terminaría definitivamente el asunto.
Lo anterior nos permite adelantar una conclusión básica para el caso de Fajardo, y es que después de la imputación en la que se conoció que se le investigaba por peculado y celebración de contratos sin requisitos legales por un empréstito que se hizo en moneda extranjera sin calcular los riesgos de su posible aumento de valor, la fiscalía se ha convencido más de tener la razón que de lo que se ha dicho en defensa del exgobernador.
El anuncio del precandidato de estar esperando la acusación para poderse defender no parece creíble, pues si se supone que lo que quería era ser escuchado para ofrecer argumentos demoledores, lo esperable era que se los hubiera presentado a la fiscalía para convencerle de buscar la preclusión en vez de la acusación.
Por supuesto que no es obligatorio defenderse ante la fiscalía y mucho menos cuando se le tiene desconfianza, pero el hecho de no hacerlo en un caso como el suyo en el que se supone que lo importante era evitar el descrédito reputacional en época de elecciones, lo que debe hacer creer a cualquier desprevenido es que su situación judicial entraña un riesgo tan considerable que hizo preferible el desgaste del juicio.
Sobre la imputación se dijo que era poco sólida porque nadie puede adivinar el precio futuro de una divisa y no puede existir responsabilidad penal basada en la incapacidad para adivinar, pero si fuera así de sencilla la defensa de los intereses del exgobernador hasta un fiscal que actúe como su enemigo habría desistido de la incriminación.
El problema esencial de la acusación parece basarse en que no hubo justificación suficiente para celebrar ese contrato en moneda extranjera, siendo un deber legal el estudio técnico que lo aconsejara, y la defensa en ese punto concreto no es tan simple como lo pretende mostrar a la opinión pública el precandidato.
Lo más complicado para sus intereses partidistas es que el juicio que se supone que agradece va a tener lugar en plena época electoral porque un asunto judicial de esa naturaleza muy difícilmente se resuelve antes de un año, y todo parece indicar que para la segunda vuelta en la que muy probablemente no estará, en vez de viajar a ver ballenas, en esta ocasión le tocará nadar entre los tiburones del poder punitivo que se le acercan muy peligrosamente.
