El comandante encargado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció recientemente que pondrá en marcha una “estrategia” que denominó “cazador” para combatir los hurtos en restaurantes a través de agentes infiltrados que simularán ser meseros, comensales o cuidadores, trabajadores estos que en adelante quedarán expuestos ante los delincuentes como posibles policías por cuenta de la idea más torpe que pudo ocurrírsele a alguien para perseguir el hurto.
Según la Policía Metropolitana, los agentes que se encargarán de esa tarea serán personas con entrenamiento en inteligencia y procedimientos judiciales, es decir, personas cuyo perfil no es precisamente el de expertos en operaciones especiales, que son aquellas en las que se deben enfrentar de manera impecable los ataques armados con posibles rehenes bajo la lógica de la causación del menor daño posible.
Lo que se puede esperar de unos policías expertos en hacer trámites judiciales e investigaciones en un restaurante, es que consuman mucha comida mientras esperan a que aparezca algún delincuente.
Esa, de entrada, no parece una idea inteligente, pues un policía disfrazado en un restaurante lo único que puede hacer es sentarse a esperar mientras las horas pasan. Ninguna otra cosa podrá hacer salvo llenar formatos y adelantar trabajo de oficina, a manteles.
Lo que todos esperamos es que nos digan qué es lo que se supone que van a hacer estos “cazadores” en el momento en que aparezcan los delincuentes porque es allí donde será necesario valorar su utilidad. ¿Para qué servirá en ese momento la inteligencia?
Las posibilidades en una situación de esa naturaleza se reducen a dos: la obtención subrepticia de información o la captura de los delincuentes. En el primer escenario lo que podría hacer un agente encubierto no sería muy diferente a lo que podría hacer una cámara de videovigilancia cuyo costo sería evidentemente menor.
En el segundo caso, el asunto es mucho más delicado, pues allí lo que se adelanta no es un simple procedimiento judicial, como un allanamiento o una captura común y corriente, sino una operación de la que depende la vida o la muerte de personas. ¿Se justifica añadir riesgos para la vida de personas por la búsqueda de reducir delitos contra la propiedad?
De entrada, la respuesta parece negativa por una simple comparación de intereses, pero alguien podría decir que el riesgo injustificado para la vida lo aporta es el delincuente y por esa razón no deja de ser legítima la estrategia y ello sería un buen planteamiento si el asunto fuera así de simple.
Sin embargo, el punto esencial de esta discusión no es quién comenzó la pelea sino cuál es la manera adecuada de resolverla, y claramente poner policías en los restaurantes no es otra cosa que volver estos espacios unos escenarios de disputa potencialmente violenta a los que ningún padre o madre de familia sentiría el más mínimo interés de acudir.
Sin duda alguna es preferible para el goce de las libertades ciudadanas afrontar el riesgo de ser víctima de un hurto, que el riesgo de quedar en medio de un operativo de choque violento entre policías y delincuentes. Sin duda es preferible para cualquier democracia poder salir a la calle sin tener que andar pensando que el conductor del bus, el mesero, el de servicios generales, el cuidador o cualquier otro visitante de los sitios a los que vamos podría ser un policía camuflado al que la misma institución le ha implantado la misión de volverse un “cazador”.
