Mucho se ha dicho sobre las últimas decisiones judiciales que involucran al gobernador Aníbal Gaviria y al exgobernador Luis Alfredo Ramos, y de todo lo que se ha dicho, lo más equivocado es que solamente les corresponde a los jueces pronunciarse sobre esos temas porque son de naturaleza experta y los demás ciudadanos simplemente deberían dedicarse a otras opiniones.
Cualquier despistado podría pensar que las decisiones de los jueces son asuntos solamente jurídicos de los cuales ninguna opinión política respetable podría edificarse porque lo jurídico es únicamente técnico mientras lo político es altamente subjetivo, cuando lo jurídico no es más que una especie del género de la política.
Las normas jurídicas son decisiones políticas que toman los políticos en el Congreso, y las decisiones judiciales son otras decisiones políticas más o menos subordinadas a las anteriores y las toma un ser humano que valora hechos y normas con criterios políticos relativamente reglados a los que algunos puristas nostálgicos de la idea de que el Derecho es una ciencia le conceden el atributo de cosa técnica separable de conceptos políticos como la justicia.
Más allá de lo anterior, existe también el mundo de la opinión política, aquella que los abogados normalmente desprecian por no valerse de conceptos políticos reglados que algunos llaman dogmática y otros llaman Derecho.
A cualquier ciudadano le es perfectamente dable decir que Aníbal Gaviria no debería volver a la Gobernación de Antioquia se avecina su juzgamiento penal y porque la justicia ha considerado en todas sus instancias que es un peligro para la administración pública. Cualquier otro ciudadano podría decir que el vencimiento de términos que le permitió regresar a la libertad es suficiente para que su legitimidad se mantenga como si nada pasara.
Frente a la condena de Luis Alfredo Ramos cualquiera podría válidamente señalar que él y sus herederos electorales se deberían retirar de la política porque representan una corriente que se ha beneficiado de acuerdos censurables que un alto Juez consideró que eran delitos, y en el sentido contrario cualquiera podría decir que mientras haya presunción de inocencia cualquier actividad política es legítima.
Habrá unas opiniones políticas más razonadas que otras en lo que se refiere a temas judiciales de interés público, pero todas esas opiniones son legítimas y necesarias en la democracia.
También es legítimo y conveniente que los artistas y otros personajes públicos que no se dedican a la política electoral expongan sus opiniones políticas, como lo vienen haciendo René y J. Balvin. El primero en el sentido de reprochar al segundo por opinar políticamente solo cuando le conviene profesionalmente, y el segundo en el sentido de respaldar al gobierno de su país durante la crisis derivada del paro nacional.
La discusión política es conveniente e importante porque eso es lo que mantiene viva la democracia y a la ciudadanía se le debe incluso estimular para que ejerza su derecho a opinar. Poca cosa es sencillamente decir que opinar es polarizar y que entonces es preferible cambiar de opinión o callarse.
Inclusive a un gobernante se le debe conceder la opción de opinar políticamente, como lo ha hecho el alcalde de Medellín cuando lamentó la privación de la libertad de Aníbal Gaviria y a las semanas celebró la condena de Luis Alfredo Ramos en primera instancia. Lo reprochable de los gobernantes activistas ni si quiera es el hecho de aprovechar las decisiones judiciales para deslegitimar a la oposición, sino el hecho de que sus actividades públicas cotidianas prevalentes sean las disputas políticas en vez de los actos de gobierno. Las opiniones políticas van bien, pero Medellín va mal.
