El caso de exhibicionismo que se presentó en el sector de Provenza en el Poblado que incomodó a varios por estar promoviendo el trabajo sexual, vuelve a llamar la atención en la manera en la que se aborda el tema.
El viernes 8 de octubre en las horas de la noche un extranjero cabestreó una muchacha, a propósito “bien parada”, que sólo vestía la ropa interior que se utiliza en encuentros sexuales y sesiones de sadomasoquismo.
Cuando digo cabestreó es porque que literalmente el “gringazo” tenía a la chica amarrada del cuello para “arrearla” o arrastrarla como un “macho” en esa zona restaurantera de la ciudad.
Cuánta plata ganaría la paisana por salir en ropa ligera en vía pública si podríamos presumir que conoce la idiosincrasia doble moralista y conservadora de su gente para esa clase de espectáculos, debió ser buen dinero…
Este viernes 8oct, noche en Proveza, extranjero cabestreaba nena en ropa interior.
Prostitución?Exhibicionismo?
Paga impuestos, está regulada esa actividad?Hasta cuándo daremos la espalda a una realidad latente?: turismo sexual.@QuinteroCalle @ConcejoMedellin @FiscaliaCol pic.twitter.com/LCmMCvs2RG
— Rubén Benjumea (@puntodevistardb) October 10, 2021
Los comerciantes del clúster del entretenimiento y la gastronomía han reclamado, no sólo esta vez, sino muchas veces, la necesidad de incrementar controles a la venta de servicios sexuales, especialmente a extranjeros.
Mientras se piensa en la prohibición del trabajo sexual que en Colombia no es ilegal, ni está penalizado de acuerdo con la Sentencia T-629 de 2010 de la Corte Constitucional, las autoridades deberían, por el contrario, incrementar operativos para judicializar los responsables de la explotación infantil y trata de personas, que, según la Ley 1336 de 2009, está prohibido, pero hacen parte del lucrativo negocio del sexo.
La responsabilidad también la tienen los políticos, más aún, es su obligación, diseñar y proponer, para empezar, la ubicación clara y exacta a través de planes de ordenamiento territorial y usos del suelo de las zonas de lenocinio, burdeles, prostíbulos y puteaderos donde se realizan estas actividades para que las autoridades policiales puedan garantizar, no solamente la seguridad del consumidor, sino también de quienes prestan estos servicios.
Alcaldías y concejos no pueden percibir la prostitución como pecado en época de oscurantismo con el fin de escudarse bajo programas de rehabilitación social dirigidos a muchachas a quienes pretenden “salvar” de una actividad bastante lucrativa para ponerlas a trabajar “dignamente” con una máquina de coser a ganarse el salario mínimo.
La prostitución, uno de los negocios más antiguos de la humanidad, hace parte de la historia y Medellín hace parte de ésta, donde muchos hombres, muchas mujeres ejercen el trabajo de atender 24/7 a un extranjero que paga en dólares a cambio de una noche de placer. Muchos, muchas decidieron convertirse en putas, hacerse putas, les gusta trabajar como putas…
El evidente descuido gubernamental por quienes hacen parte de este sector de la economía vilipendiado por la sociedad no ha permitido solucionar el problema de salud pública que ha representado desde siempre por la falta de salubridad, control de enfermedades, control natal, inseguridad en lugares de actividad sexual, que junto a la clandestinidad se presta para otras acciones prohibidas en el código penal.
“Formalizar” el trabajo sexual en Colombia es más que complejo si se tiene en cuenta que, aunque legal, no existe un marco jurídico específico que regule el oficio, además que proteja los derechos de las personas que ejercen la prostitución de manera voluntaria.
Un congresista colombiano presentó un proyecto de Ley para la formalización del trabajo sexual en el país. Con la iniciativa que obviamente fue negada, se pretendía que un trabajador o trabajadora sexual tuviera derechos para exigirle al Estado, por lo menos, seguridad, jornadas de trabajo decentes y educación para que putear fuera optativo.
Una trabajadora sexual, pagando impuestos engrosaría fácilmente las filas del régimen contributivo para garantizar sus servicios salud, además de la posibilidad de adquirir después de la mayoría de edad el derecho a la jubilación por toda una vida llena de sacrificios…
Tristeza observar integrantes de la comunidad LGTBI, a trabajadoras sexuales integrantes de la tercera edad, una población más que vulnerable, arrumadas y viviendo en viejos inquilinatos, casi en mendicidad, acolitando, además, negocios ilícitos como venta de drogas en plazas de vicio para sobrevivir.
En el mundial de fútbol de Brasil hace un lustro aproximadamente, cuando anularon el gol de Yepes, creo, en vez de enviar putas e indigentes en camión hacia otra jurisdicción como se hizo en Medellín con Alonso Salazar organizando una Asamblea del BID, el gobierno de ese país carnetizó a las trabajadoras sexuales.
Les entregó cajas de preservativos, les exigió certificado de salud, les brindó seguridad, y, además, les dio un datáfono para que no les robaran el dinero por el consumo, eso sí, les cobró impuestos.
Una ciudad de servicios, turística como Medellín en donde se realizan eventos alta gama de toda índole, moda, empresariales, gastronómicos, agrícolas; una ciudad de puertas abiertas también ofrece servicios sexuales, modelos webcam, damas y caballeros de compañía, sugar daddys y clubes swingers, entre otras arandelillas que deberán existir.
El trabajo sexual como oportunidad económica formalizada podría dignificar la vida de muchas personas que por voluntad se dedican al oficio, eso sí, eso pasará, cuando los gobiernos y los políticos, que también consumen de ese mercado, dejen a un lado las creencias para tener claridad en diferenciar entre un problema de salud pública y la calificación moralista de una vieja actividad que por más que se niegue, es más que evidente.
