Las aseguradoras de Hidroituango acaban de anunciar que asumirán el pago de los 4.3 billones de pesos de detrimento por causa de la emergencia de Hidroituango
En la última encuesta Invamer, encargada por medios capitalinos y realizada este mes de diciembre, Sergio Fajardo ocupa un lugar privilegiado: el segundo.
De acuerdo con la medición el exalcalde y también exgobernador, condenado en segunda y última instancia a pagar junto a otras personas y empresas 4.3 billones de pesos por Hidroituango e investigado, además, por la Corte Suprema, presuntamente por un contrato chimbo de 77 millones de dólares sin cobertura cambiaria que generó al Departamento un detrimento por $320.000 millones de pesos, es uno de los favoritos para pasar a la segunda vuelta presidencial en junio de 2022 al lado de Gustavo Francisco Petro.
Pero solucionado un caso el panorama de Fajardo continúa bastante incierto. Sobre el descalabro financiero de Hidroituango, el fallo de la Contraloría General de la República que se encuentra el control automático y judicial ante el Consejo de Estado tiene en cadena de oración al exgobernador y al resto de los implicados para las aseguradores del proyecto hidroeléctrico asuman el pago de esas tulas de plata para que los libre de semejante detrimento, situación ya solucionada pues la aseguradora Mapfre asumirá el pago del 90% y suramericana de seguros del 10% restante.
El viacrucis de Fajardo que empezó esta semana irá hasta después de Semana Santa de 2022 debido al otro caso del empréstito dudoso que también le podría aguar la aspiración presidencial en caso de ser condenado.
Después de que la Fiscalía General de la República anunciara la acusación por presuntas irregularidades en un contrato sin requisitos legales, la Corte Suprema inició la audiencia de acusación contra el exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial.
Fajardo emputado e imputado, afronta un juicio por presuntas irregularidades en un contrato en dólares entre el Departamento de Antioquia y el Banco CorpBanca antes Helm Bank cuando se desempeñó como mandatario seccional entre los años 2012 y 2015.
En la audiencia, la Fiscalía, entre otros puntos, demostró como la secretaria Departamental de Hacienda de ese entonces (2013) tenía 14 mil acciones en el banco en el que se tramitó el préstamo para el Departamento.
LA PROPAGANDA
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Los delitos que se le imputaron al integrante de la Coalición Centro Esperanza son contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
Durante la diligencia ante la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República solicitó ser acreditada como víctima en este proceso.
La Sala Especial de Primera Instancia reconoció no solamente a la Contraloría como víctima, sino también a la Gobernación de Antioquia.
De acuerdo con la Fiscalía, Fajardo, firmó el contrato de préstamo que habría implicado el desembolso de 77 millones de dólares sin tener en cuenta el cambio de precio en la moneda extranjera.
Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos, explicó el ente investigador.
Así mismo, la defensa de Fajardo solicitó a la Corte exigirle a la Fiscalía entregar las pruebas que en su momento fueron entregadas por la gobernación del exmandatario Luis Pérez y su exsecretario de Hacienda Adolfo León Palacio.
APARTES DE LA AUDIENCIA
Tomado y editado de Focus Noticias
EL DENUNCIANTE EXSECRETARIO DE HACIENDA ADOLFO LEÓN PALACIO:
