La denominada lucha contra el narcotráfico fracasó, y eso lo sabe todo el mundo, incluyendo los líderes mundiales que la promueven. Fracasó porque los gastos económicos y humanos que se han puesto al servicio de esa actividad han superado cualquier cota de racionalidad mientras el problema crece y se desborda.
Eso no significa que debamos olvidarnos del narcotráfico, pero definitivamente sí nos debemos olvidar de la pésima solución impuesta por los Estados Unidos, que no ha sido otra que el enfoque punitivo.
El mantenimiento de la guerra bélica contra ese fenómeno no tiene otro objetivo más importante que el de la propaganda política, pues en las épocas que llamamos de paz es bastante difícil mantener vigentes los discursos autoritarios que dependen del miedo a un enemigo.
En Colombia, desde que se desmovilizaron los paramilitares y las guerrillas, es visible el modo en que se ha acudido al discurso de la lucha contra el narcotráfico como si fuera el propósito nacional indispensable para lograr el salto a la prosperidad sin ser más que una lucha hipócrita en la que se persigue a campesinos y a uno que otro reconocido capo de la mafia, mientras que los empresarios y políticos beneficiarios del narcotráfico viven campantes por estar detrás de ese poderoso discurso.
La constante termina siendo que la gran mayoría de personas muertas y extraditadas son las de la más poca monta para ese negocio, mientras que resultan siendo muy pocas las capturas para extradición de grandes capos y prácticamente ninguna cuando se trata de altos mandos de la fuerza pública, políticos o empresarios.
El caso de Otoniel es el mejor ejemplo de la felonía de un gobierno hipócrita. Mientras decimos que nuestras instituciones son muy fuertes, la Policía decide desconocer las órdenes de la JEP para permitir la libre declaración de ese personaje ante la justicia, y el Gobierno de Duque acelera con desespero su extradición hacia Estados Unidos como si eso le sirviera de algo a Colombia.
El discurso detrás de la aparente valentía del Presidente giraba en torno a la misma retahíla de siempre: “los castigaremos enviándoles a Estados Unidos porque allá los castigos son muy duros”, como si los castigos del vecino nos permitieran sacar pecho como padres.
Pero detrás de esa máscara de valentía, lo que verdaderamente se esconde es el profundo temor de que estos capos hablen y digan cuáles altos mandos de la fuerza pública, cuáles empresarios y políticos estaban aliados con ellos. Ese era el afán con Otoniel, y ese ha sido el afán con muchos otros capos que han sido extraditados con la excusa de que después hablarán, o que después pagarán en Colombia como si lo prioritario fuera pagar los platos rotos de afuera mientras que los nuestros quedan hechos trizas.
La propuesta de Gustavo Petro en torno a la creación de una justicia transicional para el narcotráfico es más que encomiable. Sería la única política en contra del narcotráfico que se haya adelantado por nuestra cuenta, sin depender de las agendas extranjeras. Pero lo más importante de todo sería que se trata de impulsar el reconocimiento del narcotráfico como un fenómeno equiparable ,por ejemplo, al del paramilitarismo en términos políticos (no tienen diferencias cualitativas) y de daños sociales.
Una JEP para el narcotráfico no debería ser motivo de preocupación para la ciudadanía en general, porque la reducción de las penas de los presos de poca monta para ese negocio a nadie perjudican, y en relación con los capos que podrían someterse a la justicia a cambio de verdad, reparación y una pena racionalizada, a los únicos que podrían poner en aprietos es a los altos mandos de la fuerza pública, empresarios y políticos aliados del narcotráfico que viven camuflados en la legalidad y necesitan el discurso belicoso y moralizante que los sostiene.
Una justicia transicional para que vayamos cerrando las venas abiertas de la lucha contra el narcotráfico es el acto más valiente de soberanía nacional que estaríamos dispuestos a hacer para abandonar el baño de sangre que aún padecemos, pues implica el necesario cambio de enfoque de la lucha contra el narcotráfico que tanto está diagnosticado.
Los que se oponen a una JEP para el narcotráfico son curiosamente los mismos que defienden la extradición (el gobierno actual y las derechas anacrónicas). Es decir, aquellos que tanto claman “justicia”, muy paradójicamente son los mismos que prefieren mandar a los delincuentes para el extranjero en vez de preferir la aplicación prioritaria de la justicia colombiana, ¿a qué le temen?…
