La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó al gobierno colombiano varias respuestas sobre la decisión de la Procuraduría que suspendió al alcalde Quintero por presunta participación en política durante las elecciones presidenciales.
La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aseguró que está verificando cada una de las preguntas, además, que dejó claro las competencias de la Procuraduría General de la Nación.
Marta Lucía Ramírez explicó que:
“La CIDH ha hecho una solicitud de información que vamos a transmitir antes de que se venza el plazo que se vence el próximo domingo. Estamos trabajando justamente en esa respuesta. Lo importante es entender que la función de control disciplinario que tiene la Procuraduría es una función que el Estado necesita. Porque no es solamente si los funcionarios comenten un delito penal. Las faltas disciplinarias también son graves y la Procuraduría debe poder investigar a cualquier funcionario en cualquier momento”.
El 25 de mayo quintero radicó una petición ante la CIDH en la que pidió que se declarara la responsabilidad internacional del gobierno colombiano por la violación de sus derechos fundamentales y políticos, manifestando que la decisión emitida por la Procuraduría en su contra no es de una autoridad judicial.
