A “escasos” tres meses de la finalización del mandato de Iván Duque lo único claro para el país es que esos tres meses no serán rápidos sino eternos.
Las últimas políticas del gobierno en temas de seguridad pública han dejado en evidencia la profunda incapacidad del ejecutivo para entender la lógica de las violencias que aquejan a la ciudadanía.
Vimos desfilar tanquetas militares y al propio comandante del Ejército diciendo que en cuestión de horas retomaría a sangre y fuego la tranquilidad en Cali durante las jornadas de protesta, vimos a Fiscales “rambotizados” imputando delitos de terrorismo a muchachos de 20 años por tirarle piedras y botellas con querosene a edificios, ahora vemos a esos mismos envalentonados funcionarios escondidos y timoratos frente al bloqueo de casi medio país por parte de un grupo armado verdaderamente más “sofisticado”.
En el país hay más esfuerzos por privar de la libertad a jóvenes que protestan violentamente, que a verdaderos terroristas por desafiar al Estado con sangre y fuego. No significa que la impresionante gravedad de la violencia del denominado “Clan del Golfo” justifique o desdibuje la de los que excedieron su derecho a protestar, pero lo que resulta problemático es el muy sospechoso modo en que se evidencian las prioridades del gobierno a través de su política de seguridad.
Al tal “Otoniel” se le llevaron a las carreras para Estados Unidos como si el gobierno estuviera evitando algo. Se lo llevaron a las carreras porque su extradición estaba suspendida y el operativo de traslado al aeropuerto se empezó a ejecutar casi al mismo tiempo que se firmaba el levantamiento de esa suspensión. Parecía, incluso, preparado ese operativo como si se supiera el sentido de la decisión desde antes.
Dijo Iván Duque que la extradición era un castigo severo para el criminal porque tenía que ir a pagar lo que le debía a los gringos, y, que después, cuando sobrara tiempo, podría venir a ajustar cuentas en Colombia. Lo dijo con cara y mano dura…
Lo cierto del caso es que eso sí es posible, pero no está garantizado porque Otoniel podría negociar con Estados Unidos y no ser devuelto a Colombia, o podría quedarse preso hasta su muerte. En cambio, si Otoniel se hubiera quedado en Colombia, habría sido seguro que pagaría sus delitos acá, y también habría estado en la necesidad de contar cuáles militares, empresarios y políticos han estado en su nómina. Pero esa no era la prioridad de Iván Duque, porque su afán desmedido era el de llevárselo para donde no le resulta obligatorio
declarar esas verdades. Resultó más importante cobrar la deuda de otro acreedor que la propia, y aplazar la verdad para volverla incierta, como si fuera una apuesta por la mentira.
Iván Duque le mintió al país para proteger a la nómina de “Otoniel”. No hay ninguna otra explicación que resista un análisis serio. Y tomó esa decisión luego de calcular el peligro que se venía encima porque la visible presencia de esa agrupación armada le permite bloquear medio país en cuestión de horas, y, aun así ,Duque decidió tomar semejante riego porque seguramente tenía mucho más que perder en plena época electoral.
El gobierno sale por la puerta de atrás, pero le apuesta a que sus aliados repitan gobierno para que los coletazos de las eventuales declaraciones de “Otoniel” en Estados Unidos se puedan tapar de la misma manera como se tapan los asuntos verdaderamente graves del país: haciéndonos creer que los que paralizan al país son los de la Primera Línea y no los que se aliaron con los paramilitares que hoy nos tienen bajo un paro que de verdad pone en jaque a la democracia.
