Un año después de lo que conocemos como “el estallido social”, que fue una indiscutible vorágine de indignación social en contra el gobierno, increíblemente queda la misma injusticia social, y, además, una perfecta excusa para que el Estado persiga a quienes protestan, que es el supuesto peligro que representa la “Primera Línea”, a la que han decidido llamar “grupo terrorista” para judicializar opositores y aterrorizar a quienes protestan.
La “Primera Línea” surgió varias semanas después del comienzo de las jornadas de protesta asociadas al Paro Nacional, como respuesta a la indiscutible violencia policial en contra de los manifestantes. Basta ojear el informe que sobre el tema emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para concluir que en Colombia se presentó una verdadera orgía de sangre y violación de Derechos Humanos con muy escasos precedentes en la región, emprendidos por la Policía y por paramilitares bajo la entera estimulación del gobierno de Duque.
Con el propósito de proteger la vida de los manifestantes, varias personas decidieron portar escudos, cascos y máscaras antigases para impedir el daño de los ataques de la Policía. Debieron ubicarse en la zona de mayor cercanía a la de los ataques (de allí el nombre de “Primera Línea”) y esto condujo a que en sus comienzos se difundiera una imagen bondadosa de este fenómeno, al punto de representar heroísmo y valentía.
Tanto fue así, que por entonces era común la circulación en redes y prensa de imágenes que emulaban con cierto romanticismo de sacrificio la aparición de personas desafiando con sus escudos a las tanquetas del ESMAD. A los pocos días se gestaron otros fenómenos espontáneos de solidaridad social y profesional con las víctimas de los abusos estatales que usaron consignas como “Madres Primera Línea”, “Primera Línea Jurídica” o “Primera Línea Sicológica”; el gobierno de Duque estaba ante un verdadero “jaque” social y político por cuenta de este inocultable estallido.
Sin embargo, y en vez de iniciar un diálogo social que permitiera solucionar las causas del descontento, lo que hizo el gobierno fue perseguir a los opositores. La estrategia comenzó con infiltraciones para la provocación de daños y sabotaje de las protestas, y continuó con la realización de capturas masivas durante estas jornadas, pero más temprano que tarde la estrategia fracasó porque las capturas ilegales prontamente fueron decretadas por los Jueces de la República lo que hizo quedar como un zapato al gobierno y a su fiscalía.
La estrategia se reinventó y el gobierno combinó las formas de lucha: por un lado, seguía auspiciando la violencia policial y paramilitar en contra de los manifestantes, y, por el otro, demonizaba a la “Primera Línea” atribuyéndole la responsabilidad por los bloqueos y daños, al tiempo que la fiscalía fabricaba casos de “terrorismo” valiéndose de cuestionables “informantes anónimos” para la elaboración de montajes judiciales que resultaban un tanto más difíciles de atajar para los jueces.
El mayor problema para los partícipes de las jornadas de protesta lo generó el desprestigio que se generó en torno a los actos de vandalismo (indiscutibles también) y a la prolongación de los enfrentamientos y bloqueos, cuya factura política ya podía tener un destinatario: La Primera Línea.
La Primera Línea fue demonizada de tal manera que pasó de ser heroica y bondadosa a representar un verdadero enemigo de la seguridad pública, pese a que ni siquiera sabemos con claridad quiénes pertenecen a ese grupo, cuáles son sus dinámicas de organización y jerarquías, cuáles son sus propósitos políticos, cuáles son sus modos de operación, dónde o cómo se conciertan para operar, y mucho menos cuáles son sus planes.
A pesar que expertos han señalado que este fenómeno obedece más a manifestaciones espontáneas de violencias desorganizadas de resistencia y de menor intensidad que nada tienen que ver con el terrorismo o con organizaciones de tipo militar que desarrollan actividades que nos recuerden a la guerrilla, paramilitares o a Pablo Escobar, lo cierto es que con el pretexto de que el Código Penal define el terrorismo como actos destructivos que generan pánico y zozobra en la población, la Fiscalía ha aprovechado para igualar a los de la Primera Línea con Al-Qaeda para hacer imputaciones tan ridículas como la que el país conoció en contra de “Epa Colombia” por terrorismo tras golpear una estación del transporte con un martillo.
Es hora de que pare la violencia judicial. Los que han causado daños, ¡que paguen por esos daños!, incluyendo a los policías responsables por los muertos y desaparecidos. Pero que no se siga diciendo que el simple hecho de “pertenecer” a la “Primera Línea” constituye un concierto para delinquir o que tirar una piedra contra una tanqueta sea terrorismo, pues los verdaderos terroristas deben estar muertos de la risa viendo cómo la Fiscalía de este país termina igualando al que pone bombas que matan a decenas de personas con aquellos que rompen cristales de entidades bancarias y dañan un par de semáforos.
