La tragedia que ocurrió en el corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín estuvo anunciada en más de una ocasión, sin embargo, sucedió lo mismo que con la tragedia de La Gabriela en Bello: las comunidades vulnerables únicamente son tenidas en cuenta cuando favorecen las agendas de los gobiernos.
Es bastante diciente el modo en ciertos gobernantes subestiman las advertencias de las comunidades frente a los riesgos que les amenazan y que ellas mismas conocen mejor que nadie. Cuando vemos a los líderes sociales reclamando atención del Estado para sus entornos lo que vemos son unas personas actuando como mendicantes frente a instituciones que les ignoran viéndolos como una molestia.
El problema de este tipo de violencia institucional es que no solamente se materializa en el menosprecio frente al ciudadano que reclama, sino también en un costosísimo y peligroso aumento del riesgo para la ocurrencia de las tragedias que configuran diferentes tipos de responsabilidades para el Estado y sus agentes.
Esta clase de responsabilidades que suelen configurarse por omisión (desde las patrimoniales hasta las penales) se pueden establecer a partir de unos requisitos básicos: i) la existencia del deber de evitación de un daño, ii) la previsibilidad de dicho daño y, iii) su no evitación, siendo posible.
Los riesgos que desencadenaron la tragedia de San Antonio de Prado tenían personas e instituciones a cargo de su manejo y control. Basta señalar que existe un departamento administrativo establecido para ello (el DAGRD) pero que desde los comienzos de la actual administración ha sido epicentro de escándalos por haber abandonado su misión por dedicarse a la movida burocrática y al atrincheramiento político a favor de los más cercanos aliados del alcalde Quintero.
Los ruegos de la comunidad para que dicho riesgo fuera atendido eran más que suficiente para que una administración diligente hubiese establecido un riguroso monitoreo del peligro y una preventiva reubicación de las personas en riesgo. Lo contrario sería partir de la ridícula idea de que se trató de un caso fortuito que fue advertido por simple coincidencia. La tragedia era previsible.
El daño se pudo evitar con el sólo hecho de haber dispuesto la reubicación de las personas en situación de riesgo y haber impedido el libre tránsito por el sector, pero nadie lo hizo porque la administración estaba muy ocupada en la cosa electoral y burocrática.
Al día siguiente de la muerte de una mujer y de su hija de tres años, el alcalde Quintero salió a repartir computadores en uno de esos eventos grandilocuentes en los que se presenta como un héroe en medio de un abusivo uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes con fines publicitarios, como si nada hubiera pasado.
La conclusión de esta dolorosa tragedia y de esa megalomanía instrumentalizadora de la pobreza es que para este estilo de gobiernos un ciudadano solamente importa cuando puede ser utilizado como medio de propaganda, pues cuando se trata de alguien que reclama trato digno para las comunidades vulnerables, se lo puede llevar la avalancha porque con facilidad a ella le pueden echar la culpa.
