Como presuntos responsables de interés indebido en la celebración de contratos en Hidroituango, fue el delito que la Fiscalía imputó al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar; al exgerente de EPM, Federico Restrepo, al exgerente del IDEA, Álvaro Vásquez y al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.
#ATENCIÓN | Imputado exgobernador de #Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero por presuntas irregularidades en el proceso de contratación directa del proyecto Hidroituango. La Fiscalía tiene evidencias de su posible responsabilidad en interés indebido en la celebración de contratos. pic.twitter.com/I0oqepaGC7
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 10, 2022
El ente acusador responsabilizó a los cuatro exfuncionarios de haber favorecido a EPM en el año 2011 cuando se estructuró la firma del contrato BUILD, OWNER, OPERATE, MANTEINING AND TRANSFER, BOOMT con el que esa entidad se quedó con las megaobras de la hidroeléctrica.
Al parecer los procesados intervinieron en las discusiones que permitieron celebrar un contrato denominado BOOMT, el 30 de marzo de 2011, que habría desconocido los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. pic.twitter.com/ytgAQ7DkbB
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 9, 2022
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La Fiscalía argumentó que pese a ser EPM una entidad del conglomerado público de Medellín, la conducta de Salazar, Restrepo y Vásquez habría ocasionado daños a los intereses del Estado por lo que se habría configurado beneficio de un interés particular.
En un comunicado de prensa la Fiscalía expresó:
“(…) El material de prueba da cuenta de que, inicialmente, el proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM. Esta decisión, al parecer, obedeció a un criterio regional y buscaba que el proyecto quedara en manos de una empresa de Antioquia”.
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El abogado defensor del exmandatario de Medellín y el exgerente de EPM, Mauricio Pava Lugo, dijo que sus representados no comparten la teoría de la Fiscalía, además que aseguró tener las pruebas para probar la inocencia de sus clientes.
Como lo anunció el pasado mes de julio el fiscal Barbosa, lo que se busca es establecer la responsabilidad por los daños causados al Estado por la manera en la que se adjudicaron las obras en el año 2011 a EPM.
También se pretende dar con los responsables detrás de la construcción de la GALERÍA AUXILIAR DE DESVIACIÓN, GAD, que colapsó en 2018, iniciado presuntamente sin contar con los permisos ambientales de acuerdo con la auditoría que adelantó en su momento la Contraloría General de la República.
Además, por la construcción del TÚNEL DE DESVIACIÓN, la Fiscalía argumenta que la contratación que lo respaldó habría tenido varias irregularidades, que irían desde la posible falta de estudios geológicos y deficiencias en diseños.
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