La prostitución en Medellín está tan desbordada que todo el mundo lo reconoce. Es como la espuma visible que va subiendo dentro del vaso pero que parece que a pocas personas les preocupa que se desborde, pues hasta la propia alcaldía lleva dos años y medio pasando de agache frente al problema.
Medellín, un burdel a cielo abierto. ¿Qué está pasando, qué se está haciendo, @QuinteroCalle ?
— Carolina Sanín (@SaninPazC) July 23, 2022
Luego de que la escritora Carolina Sanín dijera en redes sociales que: “Medellín es un burdel a cielo abierto”, el alcalde Quintero respondió que en la ciudad se viene reduciendo el desempleo resaltando, además, que, de la entrega de computadores, como si fuera una política de género, se benefician tanto niños como niñas.
Al otro día del alcalde haber sugerido que los computadores iban a resolver el problema de la explotación sexual, se anunció un toque de queda para personas menores de edad, porque Quintero consideró que tal vez era momento de mostrar mano dura.
El problema de la mano dura de la alcaldía en este tema es que la está usando únicamente frente a la parte débil del problema, mientras utiliza su mano blanda con los explotadores sexuales y puteros, como debe calificarse a quienes pagan por instrumentalizar el cuerpo de una persona en situación de sometimiento a la prostitución.
El supuesto aumento en cifras de empleo en Medellín lejos de ser un asunto que hubiese podido impactar el problema de la prostitución tiene dos aspectos que inclusive lo que terminan haciendo es incentivando dicha práctica: por una parte, el llamado “modelaje webcam” para nadie es un secreto que ha aumentado, tal vez en Medellín más que en cualquier otra parte del mundo, y se viene contabilizando como “empleo”, siendo la actividad más parecida a la prostitución, entre aquellas que se supone que no lo son; y, por otra parte, el aumento de visitantes extranjeros a Medellín también ha venido en aumento, y, con ello, quizás algunas fuentes de empleo, pero correlativamente también siguen aumentando las visibles formas de explotación sexual que se dirigen a la satisfacción de los intereses de los puteros.
La política de la administración pública en la ciudad ha sido siempre hipócrita en este tema, pues hace todo lo posible por vender la ciudad en el exterior y promover la visita de extranjeros, pero sin implementar campañas de cero tolerancia (o por lo menos de desincentivo) frente a la visita putera, porque para los gobernantes es más rentable mostrar cifras de crecimiento económico que mejorar la dignidad de las personas que gobiernan.
La salida fácil entonces es poner el foco en la parte débil, que son las personas en situaciones de vulnerabilidad por prostitución, porque si los deberes y restricciones se dirigen a ellas, mientras los derechos y los privilegios se dirigen a los puteros, el negocio de la explotación sigue siendo una poderosa economía más dentro de las que integran los logros que presumen los gobernantes.
De allí, entonces, que sea a las personas que ejercen la prostitución o víctimas de la explotación sexual (o que se sospeche que la podrían ser) a quienes se les impongan deberes de cuidado (como ‘empadronamientos’, e incluso exámenes y tratamientos médicos) y hasta toques de queda, en vez de poner el foco restrictivo en el proxenetismo y en la demanda putera, porque al que tiene el poder económico resulta preferible no incomodarlo por temor a espantarlo.
¿Qué podría hacer, por lo contrario, una ciudad verdaderamente comprometida con la dignificación de sus entornos y de las personas que los habitan, especialmente de aquellas más vulnerables, como las mujeres?
Lo primero que debe hacerse es reconocer que el problema ha estado completamente mal enfocado, por no decir que descuidado y hasta oficialmente promovido de manera indirecta. Y lo segundo, debemos declarar la demanda putera como una cuestión indeseable (como ya lo es el proxenetismo), abandonando de manera definitiva cualquier posibilidad de juzgamiento y de imposición de deberes y restricciones a las personas en situaciones de prostitución.
A la demanda se le debe desestimular no solamente a través de campañas de comunicación fuertemente orientadas al rechazo de la instrumentalización sexual, sino también a través de una fuerte y visible presencia institucional -incluyendo la policial- que se encargue de impulsar rutas de tratamiento de la explotación y de las violencias y los abusos que se dan en estos contextos, tanto en el enfoque del procesamiento sancionatorio de los agresores y abusadores, como del ofrecimiento de protección y alternativas para las víctimas.
Este sería un modo bastante serio de perseguir menos “turismo sexual”, más extranjeros infractores deportados, menos demanda proveniente de los puteros, menos espacios de explotación y más alternativas para las personas vulnerables, pues, por el camino que vamos, la pretendida “Medellín futuro” se dirige realmente es a ser una Medellín proxeneta.
