La preocupante cantidad de masacres que se han presentado en las últimas semanas tiene a todo el país bajo mucha incertidumbre y hasta miedo, pues, a pesar de los anuncios de interés en el diálogo y hasta en la tregua por parte de varios grupos armados al margen de la Ley, las malas noticias no paran.
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¿Qué debemos esperar, entonces, de un gobierno de cambio, en el que hay tantas expectativas? Lo primero es evitar la ingenuidad, y en ocasiones, la mala fe de pedir que todo cambie inmediatamente, no solamente por la obviedad de que las décadas de malos gobiernos no desaparecen en unos días, sino también porque lo primero que cambia son las políticas y después los resultados de estas.
Lo primero que podría esperarse con urgencia de este gobierno es que no trivialice las masacres diciendo que son “homicidios colectivos”, o que no se pretenda decir que se trata de “ajustes de cuentas”, para enviar el mensaje a la sociedad de que se trata de “buenos muertos”, o de asuntos en los que se supone que la mafia hace justicia con la que deberíamos conformarnos.
Pero más allá del discurso, lo cierto es que son muchos los factores que producen ese detestable fenómeno que en su mayoría podría atribuirse a la delincuencia organizada, frente a la que el gobierno está anunciando las políticas que están en mora de implementarse.
En primer lugar, y en relación con el tema de las drogas, que ha servido como excusa para que todos los gobiernos se dediquen al mantenimiento de una fracasada guerra bélica, es importante anotar que este gobierno ha propuesto modificar esa política para enfrentar el consumo como un asunto de salud y no como un problema de delincuencia, y para enfrentar al narcotráfico a través de herramientas jurídicas dirigidas a los grupos organizados al margen de la ley para que dejen las armas.
La policía se está transformando para modernizarse y dejar de ser un cuerpo represor que está en las calles buscando positivos de poca monta y enfrentamientos con la ciudadanía más vulnerable, para dedicarse al ejercicio de un rol mucho más profesional de tratamiento civilizado en la conflictividad y priorizar los esfuerzos institucionales en la investigación de los delitos más complejos que más fuertemente impactan a la sociedad.
La propuesta del nuevo gobierno en torno a impactar tributariamente a los más poderosos y redistribuir la tierra para impulsar las economías rurales e industrializar el país podría en el mediano y largo plazo arrebatarle posible clientela al rebrote de la delincuencia organizada, pues eso es lo que nunca se ha hecho, y, por ello, es que caen los cabecillas, pero nunca la estructura.
Ni la vigilancia policial callejera, ni la denominada lucha contra las drogas, ni el tratamiento privilegiado a las personas más ricas y poderosas del país y mucho menos la desidia estatal frente a la indebida acumulación de tierras ha servido para prevenir la clase delincuencial que sigue aterrorizando al país tanto en territorios rurales como en las ciudades.
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El actual gobierno tiene una histórica oportunidad para enfrentar la causa de la enfermedad, priorizándola frente a los síntomas, y cuenta para ello con enormes niveles de legitimidad democrática, que le impiden tener el lujo de no cumplir o de perder tiempo valioso para ejecutar su cometido de cambio.
Tendremos más dolorosas noticias sobre masacres en nuestro país mientras entramos en fase de tratamiento, porque tenemos un país enfermo, pero lo que no podemos permitirnos es regresar a la época en la que solamente nos enfocábamos en el síntoma, como si la enfermedad fuera rentable para todos.
