Procuraduría intensificó vigilancia y acciones preventivas sobre el proyecto Hidroeléctrico.
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Ante los temores que la actual desinformación continúa generando entre los habitantes de los pobladores aledaños a Hidroituango por la puesta en marcha de dos de sus ocho turbinas, la Procuraduría intensificó la vigilancia sobre el proyecto y las acciones preventivas de la gestión del riesgo de desastres.
Durante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, el Ministerio Público enfatizó en que, bajo el principio de planeación, se deben establecer aspectos fundamentales como el censo preciso de las personas a evacuar de manera temporal de las zonas consideradas de alto riesgo, su lugar de trasladado, la temporalidad de la evacuación, el cuidado y protección de sus bienes, además de sus derechos fundamentales.
Así mismo, debido a la incertidumbre entre los residentes de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí al no tener claro cuál será su futuro, la Procuraduría reiteró el llamado a EPM y a las diferentes autoridades para establecer protocolos de comunicación veraces, claros, oportunos y efectivos, incluyendo canales de comunicación disponibles las 24 horas, con un mensaje unificado institucionalidad para difundir los avances, alertas y decisiones tomadas respecto al proyecto de forma masiva, garantizando que la información llegue a los habitantes.
La Procuraduría insistió en la necesidad de coordinar con los representantes de las juntas de acción comunal, comunidades indígenas, asociaciones campesinas, pescadores y consejos comunitarios con el fin de coadyuvar a unja buena difusión de información.
Por otra parte, el ministerio público reiteró la necesidad de realizar simulacros de evacuación, además de la entrega de resultados de pruebas antisísmicas del macizo rocoso lo antes posible.
Advirtió que, ante la precariedad detectada en las poblaciones mencionadas por la falta de un plan municipal actualizado para la atención de emergencias, se hace necesaria la ayuda a los alcaldes por parte de la Gobernación de Antioquía para incrementar la capacidad de respuesta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
