Empresarios de la educación no formal explican que el propietario de CENSA, invirtió más de $5.000 millones de pesos en la campaña de Quintero, y, que, ese dinero, se tiene que recuperar.
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Las consecuencias políticas que podría tener la aspiración a la alcaldía de Albert Yordano Corredor por el escándalo en la Secretaría de Educación de Medellín no son las más alentadoras…
Bastante preocupado deberá estar el también exconcejal por Centro Democrático con la decisión que tomó la fiscalía en solicitar la medida de aseguramiento contra la secretaria de educación, Alexandra Agudelo, la exdirectora técnica de “Buen Comienzo”, Lina María Gil y el representante legal de la Corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.
Y no es para más. El exuribista tiene que estar estresado porque el acto de presunta corrupción en la contratación de miles de millones de pesos que tiene en el ojo del huracán a la secretaría de educación, es precisamente la cuota burocrática que le otorgó el alcalde Quintero a Corredor desde el inicio del gobierno.
Y no es que este asegurando que el exconcejal tenga que ver en ese chanchullo, pero al escucharse versiones de empresarios de la educación no formal en el sentido de que el mismo propietario de CENSA, empresa familiar de Corredor, invirtió más de $5.000 millones de pesos en la campaña de Quintero en el 2019, y, que, además, ese dinero se tiene que recuperar, algún tufillo tiene el perro…
El jueves 16 de febrero a partir de las 2:30 de la tarde continuará la audiencia virtual por solicitud de los abogados defensores quienes pidieron tiempo para estudiar las más de 200 megas de elementos probatorios que presentó la Fiscalía por lo que si se define la medida de aseguramiento contra esos tres, tristes, tigres, el ventilador a mediano plazo mandataría deposición a diestra y siniestra al punto que podría afectar la campaña política de Corredor, el amigo del alcalde, el mismo que se matriculó en Centro Democrático porque lo obligó su padre, al subestimar el reto que Quintero logró en octubre de 2019.
La medida de aseguramiento solicitada por el ente investigador contra Alexandra Agudelo, Lina María Gil y Henry Paulison Gómez, se debe a cuatro delitos por presuntas irregularidades en la contratación para la atención de la infancia en la ciudad, dice la fiscal 49, quien pidió, además, retirar de forma temporal a las dos funcionarias de los cargos públicos que ostentan en el momento.
Pildorita: De la que se salvó el exrector de la U de A, Alberto Uribe el designado Secretario de Educación de Medellín.
