El organismo destacó que, por tratarse del mismo tipo de máquinas y basándose en los estándares de seguridad aplicados el año pasado, se solicitó que precisen si las unidades 3 y 4 pasaron por la prueba de rechazo de carga a potencia nominal o si esa prueba está pendiente por efectuarse.
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La Procuraduría General de la Nación que hace monitoreo, vigilancia y control al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, solicitó a EPM información sobre las pruebas para la puesta en operación de las unidades de generación tres y cuatro de Hidroituango.
El ente de control conoció que: “la unidad 3 fue sincronizada tras haber superado las pruebas Tipo A, B, C y D” y algunos días después informó sobre la “sincronización de la unidad 4”.
Por esta razón, la Procuraduría, a través de la delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial destacó que hizo una revisión de los protocolos establecidos para la puesta en operación de las unidades 1 y 2 contra los informados en los boletines y en redes.
“De este contraste pudimos constatar que en el caso de las unidades 1 y 2, las pruebas tipo D incluían el rechazo de carga, mientras que para las unidades 3 y 4, en las mismas pruebas, sólo se hace mención a la de sincronización”.
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El organismo destacó que, por tratarse del mismo tipo de máquinas y basándose en los estándares de seguridad aplicados el año pasado, se solicitó que precisen si las unidades 3 y 4 pasaron por la prueba de rechazo de carga a potencia nominal o si esa prueba está pendiente por efectuarse, esto como parte de las pruebas dinámicas con carga que informaron en la visita al proyecto el pasado 12 de octubre y que le reportaron a ANLA en comunicación del 22 de octubre.
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Finalmente, la Procuraduría recordó que:
“Durante toda la gestión de seguimiento al proyecto, ha insistido en que la puesta en operación de las turbinas debe realizarse en el menor tiempo posible con las mayores condiciones de seguridad viables para reducir el riesgo del uso permanente del vertedero al disipar la energía por las turbinas y que, toda decisión relacionada con el proyecto, debe basarse exclusivamente en la evidencia y propendiendo por brindar información completa, clara y permanente, en tiempo real, a las instituciones y a las comunidades”.
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