Federico Gutiérrez fue claro en denunciar que fueron, en los dos primeros meses de nuevo gobierno 501 los hallazgos encontrados al interior de la Administración municipal. “Recibimos una alcaldía incinerada, vandalizada y saqueada”, dijo.
Dónde está la plata, fue la pregunta que el nuevo alcalde de Medellín Federico Gutiérrez le hizo al renunciado exalcalde Quintero, luego de revelar los 501 hallazgos de presuntos actos de corrupción que encontraron luego de la auditoria forense que realizó desde que llegó al piso 12 el primero de enero de 2024.
Gutiérrez Zuluaga sostuvo que los hallazgos son sólo el principio porque apenas es una parte, además que reiteró que su responsabilidad legal como alcalde es reportar que han encontrado a las autoridades competentes.
Dijo que seguirán adelante, gobernando y, sobre todo, resolviendo el desastre que dejaron Quintero y sus amigos para llevar a Medellín al siguiente nivel. Agregó que están recuperando el sistema educativo, el espacio público, la seguridad, la relación con diferentes actores de la sociedad, y, lo más importante, recuperando la confianza.
El alcalde de Medellín Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga fue claro en denunciar que fueron, en los dos primeros meses de nuevo gobierno 501 los hallazgos encontrados al interior de la Administración municipal. “Recibimos una alcaldía incinerada, vandalizada y saqueada”, dijo.
El mandatario local informó, además, que todavía no están los informes de EPM, EMVARIAS, AFINIA, RUTA N, METROSALUD, HOSPITAL GENERAL, HOSPITAL CONCEJO DE MEDELLÍN, entre otras entidades en las que se presentan también graves irregularidades.
“La responsabilidad que tengo como mandatario, es poner en conocimiento de los entes de control y la ciudadanía los hallazgos con incidencia disciplinaria, penal y fiscal, para que sean ellos los que determinen si, en efecto, hay faltas o delitos”, expresó Fico Gutiérrez.
LOS HALLAZGOS
“COMPUTADORES SIN FUTURO”
El programa bandera de la administración de Quintero fue presuntamente fraudulento y lleno de irregularidades.
En el programa se determinaron modificaciones en las especificaciones técnicas del producto después de ser adjudicado, presunta celebración indebida de contrato, presunto favorecimiento a una empresa oferente, presuntos sobrecostos por cerca de $38.000 millones de pesos, además de presunto peculado en favor de terceros.
Durante el proceso se evidenció que la empresa oferente que era la primera opción no cumplió con el precio que había ofrecido pues estaba muy por debajo del precio del mercado.
Esta empresa, consciente de esta realidad, decide retirarse del proceso por lo que el contrato se adjudicó al segundo oferente y, de acuerdo a la norma contractual, debía ser requerido para que explicara cómo justificaba su precio. Esto no se evidenció en el expediente contractual, razón por la que se podría estar frente a una presunta celebración indebida de contratos.
Además, expuso el alcalde Gutiérrez, una vez celebrado el contrato, por medio de la interventoría, se aceptó modificar las condiciones sobre las que se hizo el proceso contractual, hecho abiertamente ilegal, que podría configurar una indebida celebración de contratos y favorecimiento a un tercero.
Pese a esas presuntas irregularidades, los COMPUTADORES FUTURO se distribuyeron y más de 9.000 de ellos fueron entregados como incentivo, lo que sería un presunto peculado en favor de terceros, práctica sin sustento legal porque la Constitución prohíbe la donación por parte de entidades públicas a particulares.
De acuerdo con la denuncia presentada por la actual Secretaría de Educación a la Fiscalía, se evidenció que algunos computadores inicialmente contratados por $1’098.370 se pagaron durante la ejecución por un valor de $1’497.056 cifra que evidencia un incremento del 36%.
Hoy, muchos de los COMPUTADORES FUTURO de Quintero se encuentran a la venta en Facebook y en prenderías de Medellín.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: EL BAZAR DE LA CORRUPCIÓN
El alcalde Federico Gutiérrez expresó que lo que ocurrió con el Presupuesto Participativo es escandaloso.
Dijo que entre las irregularidades y presuntos hechos de corrupción del programa se logra identificar la suplantación de ciudadanos en las votaciones del presupuesto participativo.
Es decir, durante la administración de Quintero y Osorio se habrían utilizado datos personales sin autorización en las votaciones virtuales, presuntamente, con el propósito de direccionar los recursos hacia proyectos y programas específicos.
En ese caso, se observó como la Fiscalía, durante la investigación, ha requerido pruebas sobre este hecho. Hay testigos y denunciantes que afirman que aparecen como votantes del Presupuesto Participativo cuando ni siquiera votaron.
Lo más grave, explicó el mandatario local, es que se evidenció un presunto carrusel de contratación en el que se habrían direccionado los recursos del PP para favorecer, por lo menos, a 18 corporaciones.
Esto está soportado en correos electrónicos y testigos, a través de códigos internos que identificaban las corporaciones que se debían contratar.
Funcionarios de nivel directivo daban instrucciones precisas para adjudicar contrataciones del PP a algunas corporaciones. Esto se hacía desde un correo de Gmail, no uno desde uno institucional.
Ya están identificados los contratistas presuntamente favorecidos con los que se contrataron sumas superiores a los $25.000 millones de pesos, distribuidos en su mayoría a través de la Secretaría de Participación, el Inder y la Secretaría de Cultura.
El Inder en el último trimestre de 2023 ejecutó $16.000 millones de pesos por Presupuesto Participativo en implementos deportivos. Los implementos no se han logrado encontrar en ninguna parte. Tampoco los soportes ni la identificación de estos.
Así mismo, el alcalde Gutiérrez sostuvo en su exposición que, además de esto, existen elementos que se han puesto en conocimiento de las autoridades, donde presuntamente, entre la Secretaría de Participación y Plaza Mayor, se efectuaron pagos para eventos que presuntamente no existieron. La pregunta es: si no se hicieron los eventos, ¿Dónde está la plata?
Además de lo anterior, se hallaron evidencias de la presunta desviación de fondos del Presupuesto Participativo para la financiación de campañas políticas a la alcaldía de Medellín.
En un correo fue recibido en la línea ética de Plaza Mayor, en la que una corporación manifiesta que no le han realizado un pago por un servicio prestado en el contexto de este caso del PP, porque quien debía realizar el pago supuestamente tuvo que entregar un porcentaje para una campaña política a la alcaldía de Medellín… Este hecho ya está en conocimiento de la Fiscalía.
Po reste hecho, dijo Fico Gutiérrez, la Administración, interpuso la respectiva denuncia penal por los presuntos delitos de peculado y celebración indebida de contratos ante la Fiscalía con los respectivos elementos documentales y pruebas testimoniales con incidencia penal, fiscal y disciplinaria para el caso.
LA CLÍNICA DE LA 80
De acuerdo con la Alcaldía de Medellín de Federico Gutiérrez, el negocio mal hecho de la Clínica de la 80 dejó pérdidas millonarias a Medellín.
La Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero y la gestora Diana Osorio, firmó un contrato de comodato con la Clínica SaludCoop de la 80 en marzo de 2020.
El primero de muchos hallazgos, es que la clínica SaludCoop estaba inhabilitada para contratar con el Estado por un antecedente fiscal reportado en la Contraloría.
Una vez firmado este comodato, que en principio ni siquiera se podía firmar, la Alcaldía realizó adecuaciones en la infraestructura física por un valor cercano a los $24.000 millones de pesos. Luego, SaludCoop solicitó la devolución de la Clínica para acabar el comodato.
En ese punto, en vez de cobrarle las adecuaciones a SaludCoop, dueño del espacio físico, la Alcaldía de Medellín de manera irresponsable, firmó un contrato con un privado para venderle las mejoras, que habían valido $24.000 millones, en $12.000 millones de pesos valor inferior en un 50% de los recursos públicos invertidos.
Nunca se hicieron estudios técnicos, ni avalúo que sustentaran esa suma, y con el agravante de que los pagos serían a 36 cuotas, sin intereses moratorios.
La decisión de vender las adecuaciones se debía llevar al comité de conciliación de la Alcaldía para su aprobación. Este comité que presidía la Secretaría General, no lo aprobó, según Acta N°11 del 11 de mayo de 2022, firmada por la secretaria general de la alcaldía como presidente del comité.
Además, a través de un correo la secretaria no emite voto aprobatorio y, en su lugar, hace recomendaciones de revisión del caso.
El día 12 de mayo de 2022, se van para una Notaría la secretaria general, la de Salud y la de Suministros para suscribir y autenticar el contrato de venta por cerca de $12.000 millones de pesos, donde mienten al afirmar que el comité de conciliación había aprobado la decisión de suscribir dicho contrato.
LA FUNERARIA Y BUEN COMIENZO
El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez reveló además durante la exposición de los presuntos actos de corrupción de Quintero que entre las muchas irregularidades del programa Buen Comienzo, donde hoy hay imputaciones por sobrecostos, se lograron identificar unos adicionales de suma gravedad.
En noviembre de 2023, adquirieron un predio donde operaba una funeraria en el Barrio Juan del Corral por valor de $5.182 millones de pesos, predio que no es apto para construcción y funcionamiento de un jardín infantil, debido a que no cumple con el área mínima exigida por la norma.
En el contrato se estableció la destinación específica para la construcción de un parque educativo infantil, ignorando que no posible por destinación del plan parcial de la zona. Además, se requieren $7.315 millones de pesos adicionales para su puesta en funcionamiento.
Expresó el alcalde que no les bastó con presuntamente malversar los recursos de los paquetes de alimentación de los niños más vulnerables, sino que además presuntamente violaron la normatividad asociada a la adquisición de predios con recursos que debieron invertirse en uno de los programas que habían sido intocables en la ciudad.
En este caso, como administración, presentamos la denuncia ante la Personería y la Contraloría, y se están recaudando más elementos para aportar a los entes de control.
EL TURBIO NEGOCIO DEL LOTE AGUAS VIVAS
Entre Las Palmas y El Poblado se encuentra el lote Aguas Vivas, que posee un área de 146.000 metros cuadrados. El lote pasó de valer $2.711 millones a $48.234 millones de pesos, se valorizó en un 1.700%.
En 2019, al final de la primera administración de Fico Gutiérrez y después de un riguroso proceso ante el Departamento Administrativo de Planeación, se aprobó lo requerido para que la administración recibiera a través de una escritura pública el lote Aguas Vivas.
El predio entró a ser parte del banco de tierras de la Alcaldía, que sirve, entre otras, para compensar obligaciones urbanísticas. Este trámite tenía la anotación de que la entrega sería irrevocable como consta en la escritura, es decir, el lote pasó a ser propiedad de la Alcaldía por un valor catastral de $2.711 millones de pesos.
En el año 2020 empiezan las presuntas irregularidades. En septiembre de ese año, el secretario de Gestión y Control Territorial ordena realizar un avalúo del lote. Esto no tendría por qué ocurrir en un predio que ya es propiedad de la Alcaldía.
El resultado de ese avalúo, materializado en documentos oficiales en abril de 2021, dice que el lote de repente cuesta $48.234 millones, es decir, $45.523 millones más del valor catastral por el que lo recibimos nosotros en 2019.
Coincidencialmente, tres meses después de materializado el avalúo, que era un documento interno, el particular que había entregado el lote, solicita el reconocimiento y pago de esos $48 mil millones de pesos, sin ningún sustento legal.
El particular hace la solicitud de una audiencia de conciliación para este fin a través de la Procuraduría.
El paso para seguir es que un abogado de carrera de la Alcaldía emita un concepto de esa solicitud para llevarlo al comité de conciliación. El concepto que da el abogado es negativo.
Sin embargo, en noviembre de 2021, el comité de conciliación compuesto por la secretaria general, la subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, la secretaria de Gestión Humana, la subsecretaria de Selección, y la subsecretaria legal de Movilidad, ignora el concepto del abogado de carrera y decide aprobarle el pago al particular por $40.509 millones. Esto, con base en el avalúo que ordenó la misma administración.
Este acuerdo por $40.509 millones fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, calificándolo como ilegal. Paradójicamente, la subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público apela la decisión del Tribunal, en contra de los intereses del Distrito.
Después de esa extraña apelación, el Consejo de Estado confirma la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, protegiendo los intereses de la Alcaldía y ratificando la ilegalidad del acuerdo.
Y como si fuera poco, para completar este entramado, el 26 de octubre de 2022, y luego de no poder materializar el pago ilegal de los $40.509 millones de pesos, el subsecretario de ejecución contractual, por medio de una resolución, le devuelve el lote al particular, ya valorizado en un 1.700%. Dicho funcionario, días después, es nombrado secretario general del Distrito.
El resultado de esta historia es que un particular fue presuntamente favorecido con una valorización que hizo la misma alcaldía, de 2,711 millones a 48,234 millones.
El privado al que se le devuelve el lote en estas condiciones es el contratista al que también le adjudicaron las obras de la Biblioteca España.
La actual administración ha suministrado pruebas documentales y testimoniales ante la Contraloría, Procuraduría, y ante la fiscalía general de la Nación para que se investiguen los presuntos delitos de Prevaricato, Interés indebido de contratos y Peculado.
DE JARDINES A RASTROJOS
Según la actual Administración Distrital, la alcaldía de Quintero le quitó los contratos al Jardín Botánico, una entidad sin ánimo de lucro que había hecho bien la tarea por años para entregarlo a operadores sin la idoneidad y experiencia requerida.
Existen graves hallazgos en la celebración del contrato de mantenimiento de zonas verdes del Distrito por un valor $5.250 millones sólo en 2020, que se adjudicó a través de invitación privada a un contratista sin experiencia ni idoneidad, incurriendo presuntamente en contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Este es uno de los casos que ya tiene imputación en la fiscalía general de la Nación. La alcaldía constituyó como víctima y aportará elementos a la investigación, además que reclamará el daño patrimonial causado a la administración.
CONTRATACIÓN ILEGAL DE SOFTWARE
La Secretaría de Suministros y Servicios contrató a dedo un Software para la formación en inglés de estudiantes de las Instituciones Educativas de Medellín, presuntamente violando las leyes de contratación pública.
Se justificó el contrato de manera directa con un proveedor exclusivo, asegurando que era el único que podía proveer este servicio.
Como asevera la Contraloría, existen más oferentes en el mercado que prestan el mismo servicio. Es decir, habrían evadido la Ley 80.
El hecho ya se encuentra en conocimiento de la fiscalía general de la Nación y la alcaldía se encuentra en el proceso de constituirse como víctimas para aportar mayores elementos, además que adicionalmente, está recaudando pruebas para presentar este hallazgo ante Procuraduría y Contraloría.
RECURSOS PÚBLICOS CHATARRIZADOS
La alcaldía de Quintero y Osorio adjudicó un contrato de venta de chatarra, vehículos inmovilizados sin reclamar por un costo sustancialmente menor al valor comercial de dicha chatarra.
Una montaña de más de 50 mil vehículos acumulados en los patios de la Secretaría de Movilidad por chatarrizar es el producto de un despropósito contractual en el que se adjudicó un contrato por $2.038 millones a una empresa, cuando en realidad se debió haber vendido por $33.280 millones, de acuerdo con precios del mercado.
En otras palabras, se pretendía vender el kilo de chatarra en 98 pesos cuando se tendría que haber establecido el precio de 1.600 pesos, precio de referencia del mercado.
Tal irregularidad hizo que la Contraloría interviniera el proceso contractual, razón por la que la administración de Quintero suspendió el inicio del contrato.
En este momento hay una demanda del contratista contra el Distrito, pretendiendo el pago de $35.000 millones.
A raíz de esto, explica la alcaldía, existen dos problemas sin solucionar: 1) La chatarra sigue invadiendo los patios y 2) Estamos demandados por $35.000 millones.
También en este caso la alcaldía está en proceso de constituirse como víctimas para lo que se aportarán pruebas a Contraloría, Fiscalía y Personería.
MÁS DE 22.000 MILLONES SE AHOGARON EN EL PARQUE DE LAS AGUAS
Con recursos públicos del Área Metropolitana a través de Metroparques se firmaron contratos para el mantenimiento del Parque de Las Aguas cercanos a los $22.000 millones, contratación en la que se evidencia un presunto carrusel de contratistas sin experiencia ni idoneidad.
Se encontraron hallazgos como la contratación de empresas del sector textil para el mantenimiento del Parque de las Aguas, la ejecución de obras por fuera del objeto del contrato, deficiencias en los materiales y presunto direccionamiento de la contratación con sobrecostos, entre otros.
Igualmente se ha colaborado con la Fiscalía para determinar la posible utilización de documentos falsos para certificar una experiencia inexistente.
En el presente caso se configuran presuntamente los delitos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación y uso de documento falso.
Este caso ya tiene imputación por parte de la fiscalía general de la Nación. Aportamos elementos nuevos y nos constituimos como víctimas.
