De los 14 diputados que aprobaron la Ordenanza, 6 no estuvieron en su campaña, ni apoyaron la candidatura de Andrés Julián, pero vieron en la creación del nuevo impuesto para los antioqueños, la oportunidad para lograr, a futuro, el favor del Rey.
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La aprobación por parte de la Asamblea de Antioquia del nuevo impuesto para la seguridad y la convivencia en Antioquia generó dos preguntas:
1. ¿Cómo quedaron las relaciones personales y políticas entre el gobernador Andrés Julián Rendón y su mentor el alcalde Federico Gutiérrez, quien en el 2023 se echó al hombro su campaña electoral?…
2. ¿Está preparada la gobernación para asumir el rifirrafe, además de las demandas por el posible error jurídico al pretender cobrar el impuesto a través de la factura de servicios públicos?…
Aprobada la ordenanza el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM posteó:
“Lamentablemente la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó la ordenanza que propone crear un nuevo impuesto-tasa para ciudadanos y empresas, a través de la tarifa de energía.
No puedo estar de acuerdo con esto. Fueron 14 votos positivos, 10 votos negativos y 2 no votaron. Desde EPM NO haremos dicho cobro a ciudadanos y empresas.
Es inconveniente que se toque la tarifa de energía, que ya de por sí es costosa. Frente a las necesidades de seguridad, comparto la preocupación.
El Gobierno Nacional debe fortalecer el presupuesto para nuestra fuerza pública. Desde Medellín invertiremos en estos 4 años (2024-2027) $1,3 billones en fortalecimiento de organismos de seguridad y en tecnología.
Desde el Área Metropolitana invertiremos $150 mil millones en cámaras para la seguridad en los 10 municipios del Área. Las empresas y ciudadanos no aguantan más impuestos”.
Lamentablemente la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó la ordenanza que propone crear un nuevo impuesto-tasa para ciudadanos y empresas, a través de la tarifa de energía. No puedo estar de acuerdo con esto. Fueron 14 votos positivos, 10 votos negativos y 2 no votaron.…
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 5, 2024
El alcalde, EPM y los empresarios representados en la Cámara de Comercio, Fenalco, ACOPI y la ANDI, no estuvieron de acuerdo con la propuesta del impuesto a la seguridad.
Uribe, jefe máximo de Centro Democrático, partido que a regañadientes avaló la campaña electoral de Rendón, solicitó concertar en lo posible la creación del impuesto. La Gobernación no escuchó.
“Por favor estamos ante dos realidades: necesidades urgentes en materia de seguridad como lo dice el Gobernador, por otro lado, los contribuyentes muy recargados. Por favor busquen un acuerdo el Gobernador Andrés Julián, el alcalde Federico y los gremios que representan a quienes pagarían la sobretasa”.
Por favor estamos ante dos realidades: necesidades urgentes en materia de seguridad como lo dice el Gobernador, por otro lado los contribuyentes muy recargados. Por favor busquen un acuerdo el Gobernador Andrés Julián, el Alcalde Federico y los gremios que representan a quienes…
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 4, 2024
Los efectos colaterales generados por la aprobación de la sobretasa dividieron el “comadrazgo político” entre Gutiérrez y Rendón por lo que en los próximos tres años de gobierno local y seccional será difícil que los mandatarios vuelvan a coincidir.
Lo que se rumora, es que, ahora, quienes votaron negativo la creación del impuesto asumirán las consecuencias como la bancada de diputados de Creemos, movimiento del alcalde Gutiérrez.
Lo probable es que a las poquitas cuotas burocráticas que tienen los cinco diputados de Creemos en el gobierno departamental les pidan la renuncia, asunto que enfriaría, aún más, las relaciones entre alcalde y gobernador.
LOS QUE VOTARON POSITIVO
De los 14 diputados que aprobaron la Ordenanza, 6 no estuvieron en su campaña, ni apoyaron la candidatura de Andrés Julián, pero vieron en la creación del nuevo impuesto para los antioqueños, la oportunidad para lograr, a futuro, el favor del Rey.
Juan Carlos Palacio, Hernán Torres y Jonathan Roldán, son los tres integrantes del partido Liberal, pero con tendencias muy definidas.
Palacio coherente, es integrante del liberalismo de Envigado y desde la campaña apoyó la candidatura de Andrés Julián, pero Torres y Roldán son todo lo contrario, hasta contradictores, en la campaña del 2023 estuvieron con el exsenador y excandidato a la gobernación Julián Bedoya.
Los godos cambiaron de postura como cambiando calzones porque tienen más que claro que una cosa es campaña electoral, y, otra, muy distinta, estar o no en el gobierno.
La bancada del partido Conservador que, desde el mes de enero de este año, tenía que ingresar al edificio de la Asamblea por la puesta de atrás, aprovechó su nuevo negocio de aprobarle el impuesto al gobernador.
A Jorge Correa, integrante del equipo del senador Germán Blanco no le hablaba ni el portero de la Duma, en la campaña a la gobernación apoyaron, unos a Luis Fernando Suárez, el de Anibal, y, otros del mismo corral, a Luis Pérez.
El “mariano” Walter Arias y Esteban Villegas en la campaña seccional del año pasado apoyaron la modesta candidatura de Juan Diego Gómez, mientras Jaime Cano, en un “silencio mudo”, sin parpadear, estuvo con Julián Bedoya.
En otras palabras, los godos en el gobierno de Andrés Julián Rendón estaban en el peor escenario debido a que durante la pasada campaña territorial no estuvieron con él, hoy el panorama es otra cosa porque todo se vale por la subsistencia con tal de evitar morir de inanición y sin burocracia.
Y finalmente, como era de esperarse, los seis diputados de Centro Democrático, los de Uribe, votaron positivo la creación de la sobretasa especial a la seguridad y convivencia.
DEMANDAS LEGALES
Lo que también quedó claro con la creación del nuevo impuesto de seguridad para Antioquia será la lista de demandas contra la iniciativa que pretende recaudar más de $1,2 billones de pesos a través de la factura de servicios públicos de EPM para garantizar seguridad, según la intención del gobernador.
Aprobada la sobretasa, la gobernación notificará a las 10 empresas prestadoras de servicio de energía en el departamento, que tendrán que incluir en su factura, el cobro del impuesto para los estratos residenciales 4, 5 y 6, además de los negocios que integran la industria y el comercio.
EPM prestador de servicios públicos domiciliarios tiene una cobertura en Antioquia del 99,95% de usuarios, que, frente a la negativa del alcalde y presidente de la junta del ente autónomo, deja prever la engorrosa y desgastante disputa legal que le impediría al gobernador cumplir con su objetivo.
El argumento de la ordenanza está basado en las leyes 142 y 143 de 1994 que regula las sobretasas que se cobraban hasta hace varias décadas en otros departamentos del país.
Sin embargo, el abogado, excontralor y experto en servicios públicos domiciliarios, Carlos Alberto Atehortúa hizo énfasis a través de una sentencia del Consejo de Estado del año 2004 en la que se aclara que las entidades territoriales no tienen competencia para obligar a los usuarios de servicios públicos a pagar impuestos locales en dichas facturas.
Una sentencia de cumplimiento de hace más de 20 años, pero que los hechos la ponen en el orden del día: Las entidades territoriales no tienen competencia para obligar a los usuarios de servicios públicos a pagar impuestos locales en las facturas.
¿Será que, a pesar de la claridad… pic.twitter.com/CWLgNhzDjt— Carlos Atehortúa (@carlosateho) December 2, 2024
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