Una vez más el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC es puesto en tela de juicio, ahora por el reconocido miembro del partido Cambio Radical, el actual Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, a quien periodistas, también áulicos de ese movimiento político, le han hecho eco.
Los cuestionamientos de los anteriores se refieren específicamente al decreto 903, firmado por Juan Manuel Santos, y que hace referencia al manejo de las finanzas del grupo guerrillero. Para los críticos el decreto legaliza los dineros ilícitos obtenidos por la subversión a razón de los negocios del narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
Escandalizados han dicho en diferentes escenarios públicos y privados que el decreto “lava los activos de la guerrilla”, y lo peor entran a “financiar el naciente partido político de las FARC”. Indignados plantean que esos dineros ilícitos no pueden hacer parte de la “transparente democracia colombiana”.
Olvidan los criticadores (más criticones) que la actividad política en Colombia ha estado permeada por dineros provenientes de negocios ilícitos desde la década de los 80 y que aún hoy han circulado dineros non santos en campañas electorales locales y nacionales, campañas de las que unos y otros se han lucrado haciéndose los de la vista gorda.
Olvidan los coristas de Néstor Humberto y el propio, que grandes capitales del país se generaron a partir del dinero proveniente del contrabando, tanto de narcóticos como de mercancía legal.
La dudosa actuación de los quejosos, que escandalizados han puesto sus gritos en diversos escenarios, hace una peligrosa división entre los dineros provenientes de negocios ilícitos de las FARC y EL de otros miembros (algunos reconocidos como impolutos) de la sociedad colombiana.
El concepto de dinero ilícito es bien complejo, no es claro si se refiere al resultante de una operación ilegal, como el narcotráfico por ejemplo, o si el verdadero problema para los Estados es que ese dinero no pague impuestos en su ingreso al país receptor.
Estados Unidos es claro en eso, legaliza los dineros resultantes del negocio del narcotráfico cuando el confeso delincuente dice dos o tres cositas, entre las que se destaca cuánto dinero entrará al fisco de esa Nación.
Si el problema es de impuestos, olvidan los áulicos de Germán Vargas Lleras, que sólo el año anterior varios, no pocos, honorables empresarios del país se vieron involucrados en listas de personas naturales o jurídicas con patrimonios en los paraísos fiscales. Y el escándalo fue superado sin consecuencias para ninguno.
Si el problema es de legalidad del negocio generador de la riqueza, sería interesante conocer qué se ha hecho con los dineros de los traficantes de las armas que permitieron que la guerrilla lograra mantener una guerra por más de 53 años, utilizando mucho más que bombas caseras y tatucos. Armas que ingresaron al país con imperiosa complicidad de autoridades militares y políticas y que con toda seguridad generaron riquezas y mayores que las de la guerrilla.
Serán estos últimos, traficantes de la muerte ajena, los que se estén oponiendo de manera radical al acuerdo de la Habana, será que algunos de ellos estarán viendo cómo su boyante negocio se viene al piso, será que los quejosos, ciudadanos preocupados, le hacen eco a esos colombianos que ven en la reinserción de un grupo enemigo del Estado la desaparición de su nicho de mercado.
