Continúa la andanada del uribismo contra FECODE y el magisterio colombiano en general. El “fefe de fefes”, a raíz de una fotografía en que unos niños de una institución educativa pública del sur de Bolívar sostenían una pancarta de apoyo a la JEP, ratificó las denuncias contra los docentes colombianos por adoctrinar a los niños que asisten a esas aulas, y fue más allá al plantear como solución: privatizar el derecho a la educación.
Para continuar arando el terreno sembrado por Santos de privatización, con la política de “ser pilo paga”, el uribismo está instalando el manido discurso de la calidad de la educación pública versus la privada y la eficiencia de la una en relación a la otra y citó como ejemplo lo logrado por él cuando fue gobernador de Antioquia tiempo en el que se dedicó a brindar educación por cobertura, que no es otra cosa que pagar infiernos de dinero para que privados administren recursos públicos con la excusa de brindar cobertura en educación.
Olvida el “fefe de fefes” que la educación pública es lo que es por la política educativa instaurada por cada uno de los gobiernos de paso y que al mismo tiempo obedece al modelo político y económico reinantes.
También parece amnésico el dueño de Centro Democrático al olvidar que la calidad de la educación pública se fue de bruces a partir de la promulgación del decreto 230 o de promoción automática, que pretendía que su gobierno, el de Uribe, cumpliera las metas establecidas por los órganos internacionales de financiamiento en lo que tiene que ver con cobertura y no con calidad y que fue el sector docente el que con sus protestas logró desmontar tan nefasta política.
El sector educativo público colombiano requiere una reestructuración de fondo y eso dista mucho de privatizarlo. Pero la reforma tendría que partir de las realidades de nuestro país y no de las de España o Chile, que es lo que habitualmente se viene haciendo. Pero además es bueno preguntarse hasta dónde es verdad que el gobierno, éste o cualquier otro, tiene verdaderas intenciones de una reforma de fondo del sector y no solo tiene el afán de entregar ese suculento botín a las empresas privadas.
La educación no ha sido una prioridad para los gobiernos colombianos, pues, así parezca consigna trasnochada, es más fácil mantener sus puestos de privilegio si los votantes y en general la opinión pública desconocen las realidades de nuestra nación.
Corría la convulsionada década de los ochenta, época marcada por la violencia política, cuando por obra de algún mago de la educación la asignatura de historia se redujo a una simple cátedra memorística de sociales. La verdadera intención de esa “inocente” reforma se vienen evidenciando con el trascurrir de los años, somos un pueblo que conocemos más la historia de otros que la del nuestro y eso gústele a quien le guste limita nuestro futuro.
Desconocemos nuestra historia, creemos que la nación se fundó en el año 2002, sabemos poco o nada de nuestras culturas prehispánicas, desconocemos nuestro transcurrir como pueblo violento que ha brincado de guerra en guerra, le creímos a María Fernanda Cabal, cuando, conociendo la verdad, dijo que la masacre de las bananeras había sido un invento, no sabemos por qué tuvimos el apelativo de patria boba e ignoramos quienes son los ancestros de Paloma Valencia, de Juan Manuel Santos o Germán Vargas Lleras. Somos reproductores de una verdad, la verdad que aparece en los textos guía, la verdad de los dominantes y cuando alguien simplemente quiere exponer la otra parte de la historia, hábilmente salen a descalificarlo, acusándolo de ser un adoctrinador.
Solamente hay un sector de la población al que le conviene mantener el velo sobre la verdad (son los mismos que pretenden que la JEP desaparezca), y eso con un fin específico: mantener el status quo.
Esa es la verdadera razón que se esconde bajo las críticas brutales contra los docentes, y no es que estos sean la personificación de la verdad, ni los redentores de la sabiduría, pero la educación es actualmente quizás el único piñón que molesta al sistema reinante. Ver ASI ES LA COSA
