En una reunión Consejo de Gobierno del edificio Departamental precedida por el encargado Luis Fernando Suárez, dos secretarios de despacho se cantaron la tabla.
Con la lamentable situación legal y el desgaste reputacional que afronta el suspendido gobernador Aníbal Gaviria por causa de los señalamientos por la presunta celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros durante la construcción de la Troncal de la Paz, el gabinete de secretarios de despacho está más que dividido.
Dos de esos burócratas, funcionarios que sólo tocan el poder público cuando Gaviria los nombra, porque de resto se dedican a la cátedra universitaria, discutieron por la sencilla razón que la dirección de comunicaciones carece de estrategia para cubrir el “desaliento” que produce el gobierno seccional por tener a su líder en la cárcel por presuntos actos de corrupción.
En plena reunión, uno de ellos enfatizó en la necesidad de convocar a las bases populares para que salgan a las calles de Medellín y distintos municipios de Antioquia a exigir la libertad de Aníbal como si estuviera secuestrado.
Con semejante “ideota”, que obvio, intentaron hacer, pero que no les dio resultado, el otro integrante del gabinete confrontó esa propuesta con la necesidad de llamar a los congresistas antioqueños para, que, por el contrario, defendieran a Gaviria en Bogotá, la verdadera función de un representante o senador de provincia: defender los lideres de la región en estrados judiciales, intrigar, incidir, conspirar…
El asunto con esa segunda propuesta es que Aníbal Gaviria, por incumplido, no tiene el respaldo de la mayoría de los congresistas antioqueños, quienes, como chulos, como gallinazos, están abriendo las alas en alambrado esperando a que al moribundo se le pare el corazón. Es más, ya están haciendo los cuadros para las posibles elecciones atípicas que se podrían presentar en los próximos meses…
Un congresista que siempre se le ha arrodillado a Gaviria, bastante incómodo, sopló que, en una reunión entre parlamentarios y el gobernador Aníbal recién electo, había dicho que estaba casi seguro de que el apoyo en las pasadas elecciones territoriales de octubre de 2019 fue mínimo, e incluso, dio a entender que los congresistas le habían restado votos.
Ad portas de que la Fiscalía General de Nación adelante la imputación de cargos contra de Gaviria, el dolor de muela no es tanto por la pérdida de la gobernación, sino porque tanto Aníbal como su grupo de trabajo ven más que fallida una posible aspiración a la Presidencia de la República.
La aspiración a la Presidencia de Colombia necesita, no sólo de presupuesto, sino también de cooperación y de “acuerdos programáticos” con cada uno de los líderes y políticos de las subregiones de Antioquia.
Esa mera plataforma, es una buena cuota electoral para emprender ese proyecto en el futuro con la facilidad que cuando se ejerce el poder en el establecimiento departamental se puede utilizar el presupuesto público a favor para esa intención.
Aníbal y sus avispados asesores crearon los “Acuerdos de Unidad”, estrategia con la que el gobierno se compromete a cofinanciar hasta el 50% de los proyectos que propongan cada uno de los alcaldes de Antioquia bajo la responsabilidad de que los municipios cofinancien el restante 50%.
La condición principal para adelantar esos “Acuerdos de Unidad” es que el Departamento tenga la potestad de conseguir los proveedores, contratistas y ejecutores de esos proyectos, burro amarrado…
En otras palabras, la gobernación es la encargada de contratar la obra quitándole la potestad al alcalde de turno de participar con su gente, con sus contratistas en esos proyectos cercenando la posibilidad de que los mismos recursos del municipio se queden en la misma población.
Pero hoy el panorama es distinto, con el capitán del avión detenido la bitácora es incierta y la tripulación ya se está tirando en paracaídas…
Dicen que cuando una cosa sale mal por lo regular tiende a empeorar. La fresa del postre es que esta semana la Fiscalía General de la Nación negó por tercera vez la libertad del suspendido gobernador. La defensa de Gaviria alegó nuevamente el vencimiento de términos sin tener en cuenta que todavía no se cumplen los 120 días para solicitar la culminación de la detención domiciliaria.
De acuerdo con la última resolución del ente investigador fechada el 7 de octubre, el vencimiento de términos podría alegarse después del 10 de diciembre de la presente anualidad debido a que la defensa se enredó con la notificación del domicilio donde el suspendido gobernador pasaría su detención, situación que llevó a que el INPEC notificara el inicio de la medida a partir del 12 de agosto pasado. Ver documento
