Desde hace muchos años, el abogado Luis Alfonso Bravo Restrepo ha sido reconocido como el consejero personal de Aníbal Gaviria en asuntos legales. Ha sido tal el apego del Gobernador hacia él que, además de confiarle su propia libertad a pesar de no ser abogado penalista, que le ha entregado también la gestión de los asuntos institucionales de la Gobernación de Antioquia en dos oportunidades y los de la Alcaldía de Medellín durante su mandato.
¿Cuáles son esas extraordinarias razones que a Luis Alfonso Bravo imprescindible para las entidades públicas precisamente cuando es Aníbal Gaviria el gobernante?
Durante la primera gestión Aníbal Gaviria en la Gobernación de Antioquia -cuando él pretendía entregar a alias “El Cebollero” la distribución de los licores en el departamento– Luis Alfonso Bravo fue asesor jurídico tanto del entonces Gobernador como abogado de Alirio de Jesús Rendón Hurtado.
Posteriormente, en la alcaldía de Aníbal Gaviria, Luis Alfonso Bravo fue el capo de los contratos de asesoría jurídica. En esa época los entonces concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y Nicolás Duque Ossa cuestionaron que a Bravo Restrepo le pagaran alrededor de $35 millones de pesos mensuales como asesor jurídico de la Alcaldía de Medellín, UNE, la EDU y Metroparques, a través de contratos cuya justificación quedó en entredicho.
Adicionalmente, de manera curiosa, en esas entidades se han presentado delicados cuestionamientos por corrupción (para la muestra, un botón: Margarita María Ángel Bernal, quien fuera la directora de la EDU, actualmente se encuentra enredada junto con su jefe Gaviria Correa en varios escándalos de corrupción cocinados en esa entidad, dentro de los que se destaca el negociado de Naranjal y Arrabal con los Solarte metidos en el caso de Odebrecht).
En la actual administración de Gaviria como gobernador, Luis Alfonso Bravo es abogado asesor de la Gobernación de Antioquia y de INDEPORTES Antioquia, a través de contratos que rondan los $270 millones de pesos al año, y hasta hace poco fue el abogado que dirigió la defensa personal de Aníbal Gaviria en el proceso que condujo a su reclusión domiciliaria. Pero de todas las importantes ocupaciones del doctor Bravo Restrepo frente a su gran benefactor contractual, conviene en este momento examinar detenidamente su papel como abogado de INDEPORTES.
Luis Alfonso Bravo Restrepo fue contratado por INDEPORTES para prestar un “acompañamiento jurídico y ejercer representación judicial y extrajudicial de INDEPORTES” a través del Contrato 009 de 2020, del que devenga honorarios mensuales cercanos a los $10 millones de pesos por hacer seguimiento a cerca de 30 procesos judiciales que involucran a INDEPORTES en diversas áreas, dentro de los que no más de cinco casos tienen algún tipo de movimiento al mes que requiera su directa actuación.
Ahora bien, al respecto, lo que cabe preguntarse no es tanto si esos honorarios se justifican frente a la gestión que realiza el profesional, sino por qué se supone que la entidad no tiene un abogado al que se le pueda encargar esas gestiones y rinda cuentas públicas por sus aciertos o desaciertos, pues con base en la supuesta falta de personal idóneo al interior de la entidad es que se termina siempre justificando artificiosamente la necesidad de contratar abogados externos.
Pero más allá de la forzada necesidad de contratar a Bravo Restrepo para hacer lo que debería hacer alguno de los abogados de planta de INDEPORTES, lo más llamativo es el rol que viene ejerciendo como representante judicial de INDEPORTES en calidad de víctima por los conocidos desfalcos que se presentaron en los convenios con FEDELIAN.
Recordemos que Hernán Elejalde López, reconocido miembro de la principal familia política electoralmente precursora de Gaviria, estuvo al frente de INDEPORTES durante la época en que se presentaron los bien conocidos escándalos de corrupción en la ejecución de los convenios con FEDELIAN.
Valga aclarar que, a la fecha, Elejalde López no ha sido llamado a ningún tipo de imputación. Sin embargo, los principales requeridos por los mencionados desfalcos decidieron realizar preacuerdos con la Fiscalía para evitar que los hechos se ventilaran en juicio, y en ninguno de los preacuerdos se ha presentado oposición alguna por parte del representante de los intereses de INDEPORTES, el doctor Luis Alfonso Bravo.
Los preacuerdos son figuras jurídicas de crucial importancia social porque permiten realizar la justicia con el menor desgaste posible para los directamente interesados, que son: la fiscalía, que representa el interés punitivo del Estado; la defensa, que representa el interés de oposición al castigo, y la víctima que, según la ley colombiana, participa en el trámite de un preacuerdo para defender sus intereses a la verdad, la justicia y la reparación.
¿Qué cosas se pueden negociar en un preacuerdo? Este es un tema difícil porque un preacuerdo debe dejar satisfechos en la mayor medida posible a todos, y por ello no puede ser, ni tan benigno con el acusado porque sacrificaría el interés punitivo y posiblemente el de la víctima, ni tan duro con el acusado porque podría sacrificar su derecho al debido proceso.
En resumidas cuentas, el preacuerdo puede moverse en medio de un amplio margen de posibilidades cuya única limitación consiste en no traspasar líneas rojas ubicadas en extremos custodiados por sujeto interesado.
Por regla general, los preacuerdos han de ser aprobados por los jueces de la República, respetando la libre voluntad de los directamente interesados en el mismo. Así, en la práctica es bastante inusual que un juez rechace un preacuerdo porque normalmente los fiscales no son tan generosos ni las víctimas tan pasivas.
Al margen de lo anterior, resulta por lo menos curioso que los intereses judiciales de la entidad objeto de desfalco (v. gr. INDEPORTES) los represente el mismo abogado del padrino político del que fuera gerente de la entidad durante la época del desfalco.
Además, resulta siendo una extravagancia para los intereses públicos que la entidad, protagonista del desfalco, se constituya judicialmente como víctima, pues tendría un grosero conflicto de intereses enfocados hacia el ocultamiento de la verdad pues ante hechos que resulten siendo bastante notorios se abriría la necesidad de investigar la posible responsabilidad al menos por omisión de “los de arriba” de la entidad.
En otras palabras, a mayor gravedad de los hechos conocidos, mayor será el descrédito para la entidad y mayor la necesidad de que se evalúe la posible responsabilidad del propio gerente y de su equipo cercano de trabajo. Es por lo anterior que, en estos casos, las contralorías territoriales deberían ser las llamadas a actuar como víctimas en los procesos por delitos contra la administración pública en vez de las entidades contaminadas por posibles intereses de encubrimiento.
Es así como, por ejemplo, en el mencionado caso de INDEPORTES, el doctor Luis Alfonso Bravo ejerciendo como representante de esta entidad como “víctima” en el proceso penal que se sigue en contra de Pedro Luis Uribe Roldán, exvicepresidente de FEDELIAN, y Héctor Álvarez Useche, exgerente de esa misma entidad, manifestó estar conforme con un preacuerdo en el que ambos sujetos reciben la mitad de la pena que les correspondería, a cambio de pagar, ambos, algo menos de $5 millones de pesos, de los más de $5.000 mil millones en que se estima el desfalco objeto de ese proceso.
El Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín, en decisión de primera instancia que fue ratificada por el Tribunal Superior de Medellín el pasado 1 de septiembre, rechazó el preacuerdo bajo el argumento de tratarse de un acto ilegal y leonino para los intereses de INDEPORTES, pues en palabras de los magistrados que decidieron por unanimidad: “[L]a Fiscalía se conformó por dar por sentado que el ingreso patrimonial fue solo el efectuado por “encima de la mesa”, sin reparar debajo, causa por la cual no se podrá aprobar el acuerdo hasta que no se establezca por parte del ente investigador fundadamente que ello es así”.
Para que se hagan una idea de la gravedad del asunto, esto significa que la justicia en ambas instancias identificó en ese preacuerdo un perjuicio tan grave para los intereses públicos que, aún bajo el auspicio de la propia “víctima”, se trataba de una claudicación tan palmariamente inaceptable que hacía necesaria la intervención del Juez.
Juzguen ustedes entonces si el papel que desempeña Luis Alfonso Bravo está llamado a materializar los intereses públicos y si de verdad se le contrató porque la entidad lo necesitaba.
Los responsables del desfalco en INDEPORTES deben estar muy agradecidos por las actuaciones del abogado de confianza de Aníbal Gaviria. Deben estar diciendo: ¡Bravo!, Luis Alfonso.
