Si algo hay que abonarle al presidente Duque es su capacidad de escoger a sus subalternos, todos ellos dispuestos a poner en tela de juicio aquello que pretenda un interés diferente al del gobierno.
Primero fue el ministro de defensa, el abogado Carlos Holmes Trujillo García, quien, en su momento, por orden de la honorable Corte Suprema de Justicia, debería “presentar disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial aquellos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional –ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019”.
La molestia de Trujillo frente a la orden de la Corte fue expresada por todos los medios de comunicación, y su acatamiento se dio a medias, a tal punto que los agraviados sintieron de nuevo vulnerados sus derechos y sólo se entendieron sus disculpas cuando otro juzgado lo expresó.
Hoy le tocó el turno al ministro de salud y protección social, doctor Fernando Ruiz Gómez, quien ante un fallo de tutela que ordenaba exigir la prueba de covid19 a los viajeros que llegaran al país, planteó que tendría que ir a la cárcel por desacato, pues el fallo es incumplible.
Y quizás el ministro tenga razón, pues la Organización Mundial de la Salud ha planteado de lo contraproducente de exigir este requisito, lo que no puede comprenderse es que los más altos funcionarios de gobierno ignoren de manera descarada la justicia.
Genio y figura hasta la sepultura, decían nuestros abuelos. Así es este gobierno, todos sus integrantes cortados con las mismas tijeras, desacatan y descalifican cualquier posición diferente a sus intereses sin el más mínimo recato, contribuyendo aún más a la desinstitucionalización del país.
La actitud del respetable doctor Ruiz es a todas luces un desafío inconveniente para un Estado de Derecho, pues someter los fallos de la justicia a juicios de valor de conveniente o inconveniente o de bueno o malo, es dejar sin piso todo el sustento jurídico que ampara una nación democrática y abrir un amplio camino hacia una dictadura.
Sin embargo, no es de extrañar. El gobierno de Duque ha hecho un cerco sobre todas las instituciones de control, cooptándolas con sus seguidores o dejándolas en entredicho ante el estado de opinión con el fin de crear un blindaje que los proteja ante eventualidades posteriores.
La actitud del gobierno en todos los niveles ha sido coherente y eso se tendrá que aplaudir, independientemente de que por esas actitudes tengamos que armar lo que quede de Colombia en el 2022.
Estribillo 1:
Declarar a un funcionario, Juan Carlos Granados, imputado por la Fiscalía de “concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público”, como magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, quien además fue ternado por el mismísimo presidente de la República es, por decir lo menos poco decoroso y elegante, sobre todo cuando la defensa de la decisión es que investigado no significa culpable.
Estribillo 2:
La imputación de cargos hecha por la Contraloría contra Sergio Fajardo y otros, como responsables del descalabro de Hidroituango, devela una verdad que muchos no quieren creer: el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia no es tan transparente como se pretende hacer creer al resto del país, por lo menos, ojo y digo por lo menos, deja mucho que desear su forma de administrar.
