Protestas sociales ad-portas de elecciones para Congreso, pero en especial para presidencia de la república tienen en ambivalencia a la mayoría de los ciudadanos del país.
Ambivalente, indeciso, confundido se encuentra el “ciudadano preocupado” por la sencilla razón que se debate entre los desaciertos de los programas socioeconómicos del presidente Duque, un gobierno de derecha, y la posibilidad de que un “castrochavista”, exguerrillero y reflejo de la inviable Venezuela como Gustavo Francisco tenga la posibilidad de ser el próximo presidente, de izquierda.
Pero hay más, otro ingrediente, los bloqueos viales, denominados por sus patrocinadores como “puntos de resistencia” son una acción de facto y caldo de cultivo tan efectivo que, desde la última semana de abril, tienen en jaque al gobierno que extirpó de un totazo a Miguel Ceballos, hoy exalto comisionado para la paz, por dos factores, uno por su incapacidad de negociar, y dos, según el mismo excomisionado, por las interferencias del jefe de Duque: El titiritero.
Desde la Constitución Política Colombiana, el derecho a la protesta social se encuentra consagrado en el Artículo 37: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
Además, con el Artículo 20 de la misma carta, se fortalece mucho más el derecho a la protesta: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación”.
Como si fuera poco el Artículo 38 expresa: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”.
El Artículo 56 recita: “Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. (…)”.
También el Estado Colombiano garantiza la fundación de organizaciones a través del Artículo 107: “Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse (…). También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos”.
¿Existirá una Constitución más garantista que la propia para posibilitar la protesta pacífica en el país, por lo menos la letra en el papel las otorga y el gobierno?
Cinco normas constitucionales, diría yo, son suficientes para legitimar la protesta por la que está a travesando el país en contra del gobierno de Duque, independiente de asuntos políticos y ambiente preelectoral.
Sin embargo, podría decirse que, sobre las acciones de hecho, de facto y frente a la incapacidad de la institucionalidad para mantener el control y la impotencia de las organizaciones del “orden” legítimamente establecidas para contrarrestar los bloqueos para garantizar la movilidad y evitar la violación a la propiedad privada, se vislumbran tiempos la difíciles…
Ciudadanos de diferentes sectores de Medellín están manifestando por redes sociales la necesidad de defenderse y de atacar con armas de fuego a los participantes de las marchas y protestas contra el gobierno, especialmente a los que hacen parte de los bloqueos de vías y saqueos a la propiedad ajena.
Hace un par de días en el corregimiento de Bolombolo en el municipio de Venecia un grupo de encapuchados pretendió bloquear la vía que conduce desde Medellín hacia el suroeste de Antioquia.
Un par de minutos duró el bloqueo debido a que otro grupo de encapuchados que se movilizaban en camionetas alta gama portando armas largas de fuego hizo que dicha protesta se desvaneciera.
En inmediaciones del Puente de la 4 Sur en Medellín, un sujeto hizo varios disparos al aire desde su camioneta, no ocasionaron ni heridos, ni daños, pero alertó a la turba…
En conversación con un funcionario del gobierno de Duque se ratificó la preocupación de lo que puede presentarse en algunos municipios de Antioquia, incluida Medellín en donde privados están acostumbrados a velar por su propia seguridad.
“Entre los paisas hay mucho reaccionario que no se va a aguantar los bloqueos y los atentados contra la propiedad privada, mire lo sucedido en la Mazda y en Premium Plaza”, se comentó en el encuentro.
Cosa preocupante y jodida porque así en redes sociales se difundan falsas noticias, se han conocido comentarios explicando la intención de reaccionar de manera violenta con grupos de autodefensa ante su inconformidad por los daños ocurridos en las “manifestaciones pacíficas”.
Voceros de la ONG PROCESO SOCIAL DE GARANTÍAS, explicaron que: «Es preocupación las distintas manifestaciones de reacción violenta o de pretensión de reaccionar de forma violenta de algunas personas de la ciudad que han señalado su intención de atacar a reaccionar violentamente ante las protestas sociales, y los daños que esta pueda generar».
Al viernes 21 de mayo PROCESO SOCIAL DE GARANTÍAS tiene registros de 690 casos de aparentes privaciones de la libertad durante protestas, 37 lesiones personales a manifestantes, 14 obstrucciones a la labor de los defensores de derechos humanos. Desde el 28 de abril existe un reporte de 1.400 agresiones de diferente índole.
Esta mañana, Cali sale protestar por bloqueos, saqueos en la capital del Valle del Cauca…@IvanDuque @SenadoGovCo @Juancamilorpog pic.twitter.com/HuXZGHbGz9
— Rubén Benjumea (@puntodevistardb) May 25, 2021
