Por la recusación que presentó la exsecretaria de Planeación de Antioquia María Eugenia Ramos, contra el jefe de control fiscal Carlos Felipe Córdoba y la procuradora Margarita Cabello, entre otros, la Contraloría General de la República, suspendió el proceso que adelanta contra 26 funcionarios y contratistas investigados por el posible detrimento patrimonial de $4,3 billones presentado durante la emergencia de Hidroituango en el 2018.
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La recusación que también le puso “tatequieto” a los integrantes de la Sala Sancionatoria y la delegada de Investigaciones Especiales de la Contraloría, deberá ser resuelta por el Consejo de Estado para que posteriormente el ente de control fiscal continúe el proceso.
María Eugenia Ramos Villa, exfuncionaria de Fajardo y quien afirma que “el contralor tiene una posición adoptada en torno al caso y los recursos que deben fallar”, envío, además, una carta al Congreso en la que solicita designar un contralor ad hoc que defina el caso de Hidroituango.
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El 6 de septiembre de esta anualidad, la Contraloría falló con responsabilidad fiscal billonaria con culpa grave, contra la veintena de funcionarios y contratistas por daño al patrimonial al Estado a través de las inversiones hechas en Hidroituango.
