Es demasiado indignante la actitud miserable con la que la administración de Daniel Quintero está tratando a los maestros territoriales, pero más, mucho más, la actitud pusilánime de las asociaciones sindicales que agrupan a estos empleados.
Los maestros territoriales del Municipio de Medellín empezaron a existir a finales de la década de los 70, cuando la Nación era incapaz de suplir la demanda de docentes que se requería y depositó la responsabilidad en los Municipios que tuvieran capacidad económica para contratar empleados con ese perfil.
Hasta la Ley 715, Ley General de Educación, los maestros territoriales estaban destinados a desempeñarse en Instituciones Educativas de carácter municipal, como el Colegio Concejo de Medellín o la Escuela Especial 20 de Julio, después de ella pudieron ejercer su oficio en cualquier institución de la ciudad, pero sin perder su condición de empleados del Municipio, que es la característica especial de estos funcionarios.
A partir del año 1998, los maestros territoriales empezaron a trasegar un camino lleno de dificultades y disminución de su poder adquisitivo, pero desde 2008 su condición se ha visto más complicada a tal punto que su existencia ha sido sometida a tela de juicio.
Sin embargo y pese a los múltiples ataques de los diferentes mandatarios para negar los derechos a estos maestros, ninguno en los más de 40 años de existencia se había atrevido a dejarlos sin salario ni una sola vez y menos cuatro como ha pasado en la administración de Quintero.
Tal vez por desconocimiento, por estar mal rodeado o no se sabe por qué, la administración de “El Independiente” ha maltratado a los maestros territoriales hasta llegar a retrasar el pago de su salario en cuatro ocasiones en los últimos cuatro meses.
La segunda vez que la administración de Quintero retrasó el pago del salario de los maestros territoriales, estos le hicieron un mitin al interior del edificio de la municipalidad, la respuesta fue inmediata y se concertó una reunión con la Secretaría de Educación, ente que no tiene nada que ver con el salario de ellos. El compromiso de la administración fue inmediato, no sin antes manifestar de parte de su representante la inconformidad por el escándalo generado “innecesariamente”.
Cuentan los asistentes a la reunión que cuando el funcionario de la Secretaría de Educación hizo el reclamo por la protesta, los representantes de los sindicatos “escurrieron el bulto” y ninguno asumió haber hecho la convocatoria. Lo cierto es que pese a la poca decisión de la administración para garantizar que no se volvería a presentar el retraso del pago, los sindicatos no hicieron ni han hecho nada para presionar una solución y por el contrario parecen justificar la miserable conducta de la Alcaldía para darle la espalda a sus afiliados.
Con el hecho bastante diciente del alcalde, no sólo se incumple de manera repetida el deber básico de los empleadores en toda relación de trabajo, pagar un salario, sino y hasta más preocupante se burla la ley y se incumplen acuerdos avalados por su propia firma, ¿mitomanía?
Y frente a este hecho completamente ilegal las asociaciones sindicales tampoco se manifiestan, pues hasta el momento un silencio sepulcral es la respuesta a la exigencia de los que deberían ser su razón de ser.
Como nota al margen, no menos importante, hay que recordar que a los maestros de Medellín que pertenecen al Sistema General de Participaciones, se les canceló el salario de octubre después del 3 de noviembre, cuando debería haberse cancelado desde el 29, según las explicaciones, se debió a una falla en los sistemas del Ministerio de Educación, sin embargo, municipios como Bello, el Distrito Bogotá, cumplieron de manera exacta con los tiempos. ¿Será casualidad el incumplimiento en los pagos?
