En medio del generalizado rechazo a las actuaciones bélicas de Rusia en contra de Ucrania, ha pasado desapercibido el análisis que debería tener la decisión de varios países de bloquear la transmisión de los canales de comunicación noticiosos rusos, acusados de servir como medios de propaganda de ese gobierno.
Es importante este análisis porque se trata de nada menos que de un pilar básico del Estado de Derecho, pues desde hace más de 200 años los países que se dicen democráticos acogieron como fundamento de sus estructuras constitucionales la defensa de la libertad a través de los controles al poder, y la libertad de prensa e información resultan ser condiciones necesarias para ese pretendido control al poder.
La principal función (y para muchos de los expertos en la materia, la esencial) de los medios de comunicación es el control al poder, pues de lo contrario, las posibilidades de juzgamiento ciudadano de sus gobernantes serían verdaderamente insustanciales ante la falta de información alternativa o diferente a la comunicada por el establecimiento.
De allí que, si bien los medios informativos y de opinión pueden y deben tener líneas editoriales en torno a los enfoques y las prioridades temáticas que abordan, no podría en ninguna circunstancia permitirse al poder político (ni siquiera al judicial) que seleccione cuáles de los medios de información y opinión dicen la verdad para censurar a los que se consideren por fuera de esas líneas.
En una democracia es perfectamente posible que existan intereses políticos y económicos que tengan el control de medios de comunicación, y, que, inclusive, los utilicen como plataformas para la desinformación o la manipulación. Tenemos ejemplos cercanos a ello como Telemedellín, cuyo gerente reconoció públicamente que su línea editorial consiste en “hacer caso” al poder local.
Estamos plagados de medios de comunicación con agendas impuestas por quienes los controlan y para nadie es un secreto. La pregunta que nos debemos formular ante ello es si lo debido consiste en abrir espacios y garantías para que existan fuentes alternativas de información o si lo que debería hacer el poder es decidir cuáles son los medios que dicen mentiras para proceder a la censura.
Ante las acusaciones de difusión de falsa información la respuesta no podría ser la censura porque si le atribuimos al poder la facultad de decidir quiénes dicen la verdad y quiénes no, volveríamos entonces a los autoritarismos premodernos que creímos superar a través de los controles al poder, que son lo opuesto a que sea el poder el que decida quién tiene la verdad.
Se ha dicho que la censura a los medios rusos de información es un acto de guerra que busca proteger a la humanidad frente a la desinformación, pero semejante pretexto en nada se aleja del autoritarismo antidemocrático del que censura por proteger al poder.
La cuestión es simple: cuando el gobierno de un país, o los de varios países consideran que una fuente de información es falsa o malintencionada, lo que deben hacer es publicar aquella información que consideran correcta y permitir que las personas juzguen. De lo contrario, lo que hacen los países amigos de la censura no es otra cosa que confesar su temor de no ser capaces de ofrecer información que mejore los estándares de credibilidad de las fuentes que consideran enemigas.
Cuando se cierran las puertas a la información bajo la lógica de que el poder ha decidido que es falsa, incluso antes de que las personas lo puedan decidir por sí mismas, lo que se está autorizando es una conduta que resulta completamente igual a esa que se supone que es enemiga.
Se ha informado que Rusia castigará con prisión a quienes difundan información falsa sobre la guerra, y antes de reprochar semejante atrocidad contra los derechos humanos lo primero que debemos preguntarnos es si de verdad estamos muy lejos de admitir comportamientos parecidos por la simple razón de que a nuestros gobiernos decidimos “hacerles caso” porque creemos que son los dueños de la verdad.
